El partido del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el Likud, intensificó una serie de acusaciones sin pruebas sobre un presunto “robo” electoral atribuido a colectividades lideradas por la minoría árabe, sugiriendo una eventual injerencia internacional en los comicios legislativos. La ofensiva discursiva estalló en momentos en que el escrutinio final se apresta a confirmar que el bloque oficialista perdió la mayoría absoluta en la Knéset (Parlamento).
La controversia se agudizó tras una declaración pública de la tienda de derecha: “¡Las elecciones en Israel han sido robadas!”, afirmando que la presunta operación buscaba consumar una “toma extranjera del Parlamento, la islamización del Estado y el derrocamiento del gobierno”. Reportes de la prensa local consignaron que personeros del oficialismo apuntaron hacia Qatar, país que calificó de inmediato los señalamientos como “ridículos y peligrosos”.
El endurecimiento del discurso de Netanyahu se dio luego de que el presidente del Comité Central Electoral, el juez del Tribunal Supremo Noam Sohlberg, solicitara a la agencia de seguridad interior (Shin Bet) indagar antecedentes sobre eventuales irregularidades recibidas en su despacho, aunque advirtió que no disponía de antecedentes verificables para dar fe de tales versiones.
Oposición acusa intento de deslegitimar las urnas
Desde la vereda contraria, el principal adversario político de la coalición gobernante y exjefe del Estado Mayor del Ejército, Gadi Eisenkot, denunció una estrategia deliberada para desconocer el veredicto cívico: “Están haciendo esto porque perdieron”, aseveró, rechazando los cuestionamientos vertidos contra el electorado árabe tras una concurrencia histórica a los centros de votación.
De acuerdo con las proyecciones electorales, ni el bloque derechista y religioso de Netanyahu ni el sector de centro y oposición laica alcanzan por sí mismos los escaños suficientes para estructurar un nuevo gabinete. En este tablero, las fuerzas representadas por la comunidad árabe se perfilan como árbitros decisivos, posibilitando una eventual alianza inédita con Eisenkot para desalojar del poder al actual primer ministro, pacto que el oficialismo catalogó como un acto de deslealtad nacional.
Llamado a la calma y desmentido electoral
Frente a la polarización del ambiente político, el Shin Bet emitió un pronunciamiento aclaratorio, precisando que las indagatorias de rigor no pretenden estigmatizar ni sembrar mantos de duda sobre la ciudadanía que acudió a sufragar dentro del marco legal vigente.
Por su parte, el tribunal electoral transmitió tranquilidad institucional mediante un escrito dirigido al parlamento, sentenciando que las afirmaciones sobre vulneraciones sistemáticas a la integridad del proceso carecen de fundamento técnico.