Seis
de los siete condenados por crímenes de lesa humanidad que fueron
beneficiados con la libertad condicional esta semana estaban recluidos
en el penal Punta Peuco.
Las resoluciones no estuvieron exentas de
críticas: la senadora Isabel Allende tildó de “vergonzosa” la situación,
y la diputada Carmen Hertz indicó que el otorgamiento “establece la
fórmula de impunidad”. Incluso la agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos llegó hasta el frontis de la Corte Suprema para manifestar
su rechazo y no descartó recurrir a instancias internacionales.
Sin
embargo, aún quedan más de setenta casos cuyo futuro se mantiene en
suspenso. De acuerdo a Raúl Meza, abogado que representa a gran parte de
los presos del penal destinado a exmilitares condenados por crímenes de
lesa humanidad, en marzo presentaron 74 solicitudes para que la pena
del mismo número de internos se cumpla con arresto domiciliario.
Estas
peticiones, basadas en la avanzada edad o deteriorado estado de salud de
los presos, fueron llevadas ante el ministro en visita de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Mario Carroza. Además, indicó, otros cuatro
enfermos crónicos pidieron el indulto presidencial, el cual está siendo
visado por el Ministerio de Justicia.
En esa línea, el abogado agregó
que Carroza ordenó al Servicio Médico Legal el envío de la ficha clínica
de todos ex uniformados que solicitan la conmutación de la pena,
particularmente aquel que refiere sobre su estado mental. “Este último
es un tema muy relevante ya que podrían salir en libertad con arrestado
domiciliario 70 internos de Punta Peuco y con el reciente precedente
judicial de la Segunda Sala de la Suprema, el ministro Carroza podría
adoptar la misma decisión”, indicó Meza, añadiendo que estos deberían
definirse en los próximos días.
Bancada PS estudia acusación constitucional
Con
molestia reaccionaron los parlamentarios de oposición luego de que se
conociera que la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a siete
condenados por crímenes de lesa humanidad, seis de ellos internos de
Punta Peuco y otro de Colina I. Incluso el diputado socialista, Jaime
Naranjo, anunció que están estudiando la posibilidad de presentar una
acusación constitucional contra los ministros del máximo tribunal por
haber entregado este beneficio.
“Aquí
queda en evidencia que no da lo mismo quiénes son los miembros de la
Corte Suprema. Aquí se produjo un cambio en la composición de la Sala
Penal e inmediatamente se empezó a aplicar un criterio totalmente
distinto en la Corte Suprema”, cuestionó el parlamentario.