Una controversia política con eventuales derivaciones penales estalló en el Senado luego de que se retiraran los permisos constitucionales de dos parlamentarios que acompañan al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia, en medio de la discusión del Presupuesto 2027. El episodio generó acusaciones por una eventual falsificación de firma y presiones para que la mesa de la Corporación entregue los antecedentes al Ministerio Público.
En el centro de la polémica figura el senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, quien gestionó el retiro de los permisos de Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD) sin que, según ambos legisladores, existiera su consentimiento.
La situación más compleja afecta a Órdenes, quien denunció que su firma fue utilizada sin autorización para dejar sin efecto un permiso constitucional previamente aprobado por la Sala. Mediante una carta dirigida al secretario del Senado —leída por el senador Pedro Araya (PPD)—, la parlamentaria negó cualquier participación en el trámite: “No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito”.
Si bien ambos permisos fueron restituidos la mañana de este miércoles, el incidente abrió un flanco político y jurídico al interior del Congreso.
La maniobra detrás del quórum del Presupuesto 2027
De acuerdo con antecedentes recopilados en la Cámara Alta, el retiro de las autorizaciones ocurrió en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027, específicamente antes de la votación prevista para este miércoles sobre la autorización de endeudamiento solicitada por el Ejecutivo.
Los permisos constitucionales de legisladores que se encuentran fuera del país permiten recalificar el quórum de determinadas votaciones, ajustando la cantidad de votos requeridos para aprobar ciertas materias. Al dejar sin efecto dichos permisos, esa recalificación se desactiva y aumenta el número de respaldos que el Gobierno necesita reunir.
Fuentes parlamentarias señalan que sectores de la oposición habrían buscado elevar el umbral de votos para dificultar la aprobación del endeudamiento y así presionar al Ejecutivo por mayores recursos en otras partidas presupuestarias.
Dos versiones sobre el origen de la firma
Uno de los puntos centrales del conflicto radica en esclarecer cómo se incorporó la firma de Ximena Órdenes al escrito presentado en el Senado. Actualmente circulan dos versiones internas, ninguna acreditada judicialmente: una indica que se habría usado su firma electrónica sin autorización, mientras otra sostiene que funcionarios advirtieron que la rúbrica habría sido copiada desde otro documento y fotocopiada en el escrito.
Senadores con formación jurídica consultados sobre el episodio advierten que el uso de la firma de un tercero exige autorización legal y consentimiento expreso para el acto específico. De comprobarse una utilización indebida, el caso podría configurar eventuales delitos de falsificación de instrumento público o suplantación de identidad.
De concretarse una denuncia ante la Fiscalía, las diligencias podrían abarcar a todos quienes intervinieron en la elaboración, suscripción y presentación del documento, incluido el senador Castro, quedando en manos del Ministerio Público establecer si existen responsabilidades penales.