En una estrecha y ajustada votación, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados revirtió la decisión de la Comisión de Educación que había declarado inadmisible el proyecto de ley denominado “Sueldos Protegidos”. Por 53 votos a favor y 52 en contra, el Pleno aprobó el recurso presentado por la diputada Daniela Serrano (PC), permitiendo que la propuesta vuelva a la instancia técnica para continuar su discusión legislativa.
La iniciativa busca modificar el artículo 57 del Código del Trabajo para garantizar que la inembargabilidad que actualmente protege a las remuneraciones inferiores a 56 UF (cerca de $2,3 millones) se mantenga incluso cuando el dinero sea transferido o depositado en una cuenta bancaria, vista o de ahorro. La medida surgió tras reiteradas denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), quienes sufrieron la retención de sus ingresos líquidos mediante retenciones judiciales de cobranza.
Argumentos cruzados por constitucionalidad y costo fiscal
Desde los impulsores del proyecto defendieron la constitucionalidad de la moción, argumentando que no genera gasto público ni contempla la condonación de deudas, sino que fortalece una garantía laboral preexistente frente a los bancos. “No estamos creando una protección distinta, estamos haciendo efectiva una garantía laboral que el Código del Trabajo ya contempla”, argumentó la parlamentaria Serrano durante su intervención.
Por su parte, los parlamentarios Diego Schalper (RN) y Paz Charpentier (Rep) rechazaron la admisibilidad, sosteniendo que la medida afecta las atribuciones del Ejecutivo al dificultar la recuperación de créditos garantizados por el Estado. A juicio de la oposición, la moción resulta innecesaria dado que los trabajadores ya pueden oponerse legalmente si se prueba el origen laboral del dinero, advirtiendo que obstaculizar la cobranza del CAE terminará trasladando el costo financiero hacia los contribuyentes.