Un
caso de defraudación fiscal tiene en la mira a la estatal Corporación
del Cobre (Codelco), la mayor cuprífera del mundo, por presuntas
irregularidades en la licitación de la mantención del “horno flash” de
la División Chuquicamata, en que se vislumbra un perjuicio fiscal que se
eleva a los 12.800 millones de pesos.
Los
hechos que se acusan se remontan a 2017 y los antecedentes ya se
encuentran en manos del Ministerio Público, a raíz de una querella que
presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago, según reveló el medio digital Interferencia.
De
acuerdo con el artículo, en la acción legal, dirigida “contra todos
quienes resulten responsables”, el organismo aseguró que existió “un
entramado de conductas dolosas” que perjudicó los intereses del fisco,
tal como lo estableció una auditoría secreta de la también estatal
Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
El
CDE detalló que la empresa que ganó la licitación de la mantención del
horno, Outote, fue favorecida pese a que ingresó su oferta a destiempo,
ganando el proyecto por más de 8.400 millones de pesos con una duración
de cuatro meses, deslizando que la coincidente demora le habría
permitido conocer con antelación las propuestas de la competencia.
Según
Interferencia, la querella expuso también irregularidades en la
ejecución del trabajo, pagos sin justificación e, incluso, sugirió la
existencia de coimas a funcionarios de la minera, sin mencionar nombres
ni cargos.
Por la prensa
Este
lunes, en la junta de accionistas de Codelco, el tema se trató de forma
escueta. Requerido por la prensa, el presidente del directorio de la
curpifera, Máximo Pacheco, aseguró que se enteró de la querella del CDE
“a través de la prensa”.
El
exministro de Energía y titular de la estatal desde 2022 señaló que
“efectivamente, es un caso que surgió en el año 2017. Fue una denuncia
que hizo el gerente general en ese momento de Chuquicamata, que generó
una investigación y auditoría interna nuestra. Después hubo una
investigación de Cochilco, entiendo también que hubo una comisión
investigadora de la Cámara de Diputados y, finalmente, hoy día hemos
sido informados que el CDE ha iniciado una querella por este caso”.
“Nos
estamos informando de qué se trata para entender exactamente de qué
manera podemos contribuir con esta información que está solicitando el
CDE”, añadió Pacheco.
Desde
el Gobierno, la ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó que “las
instituciones deben funcionar” y advirtió que “cualquier hecho que no
corresponda a una administración eficiente y transparente, como
corresponde, en particular, a la administración de las empresas
públicas, naturalmente que nosotros lo vamos a rechazar”.