Luego
de dos jornadas de alegatos del equipo jurídico boliviano, esta vez fue
el turno de la delegación chilena de exponer sus argumentos ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el marco de la ronda de
alegatos orales por la demanda presentada por el país vecino.
En esta
ocasión, los abogados refutaron punto por punto las pruebas mostradas
anteriormente por su contraparte. La sesión comenzó con la intervención
del agente Claudio Grossman, quien mencionó la activa participación de
Chile en organizaciones internacionales, remarcando el compromiso del
país con el sistema internacional. De esta forma, quiso demostrar la
preocupación del país por el orden regional y mundial.
Dicho
esto, se refirió a la demanda boliviana y se centró en la vigencia del
Tratado de 1904, firmado por ambas partes. En este sentido, expuso las
ventajas de Bolivia, como el acceso sin restricciones a los puertos del
norte de Chile y la exención de impuestos aduaneros. Así, dijo que
Bolivia “desea revisar tanto la historia de la Guerra del siglo XIX y
también el Tratado de Paz de 1904”. “Chile ha participado gustosamente
en el intercambio diplomático con Bolivia”, sostuvo Grossman.
No
obstante, agregó que “la disponibilidad de un Estado a conversar con
sus vecinos no acredita una obligación a negociar ni menos a llegar a un
acuerdo”. “Chile está orgulloso de su historial, de su reputación como
una voz colaboradora considerada en los retos que enfrentamos en el
mundo. Chile quiere recalcar que nunca ha tenido una obligación de
negociar en el futuro una salida al mar con Bolivia”, recalcó.
Llamado
“al sentimiento”
Tras
Grossman, fue el turno de Sir Daniel Bethlehem, abogado británico que
comenzó afirmando que “Chile viene a la Corte con una causa que se basa
en la evidencia. Bolivia no ha encarado esas evidencias”. “La causa de
Bolivia no es tan sencilla (…) no es que se base en detalles
complejos, han eludido cuidadosamente esos detalles. Más bien se basa en
que Bolivia inventa su causa a medida que procede”, prosiguió, y agregó
que “convenir en hablar no equivale a verse obligado”.
Así,
remarcó que “la invocación de Bolivia de la supuesta injusticia
histórica es un llamado al sentimiento, no al derecho”. En esa línea,
Sir Daniel sostuvo que “Bolivia ha presentado una imagen parcial (…)
la imagen que intenta presentarles es una imagen coherente con su
conducta, lo que está muy alejado de la realidad”.
En esa misma línea,
el jurista francés Jean-Marc Thouvenin dijo que
en la presión boliviana por negociar no existe una obligación, sino que
una “frustración”: “La frustración de uno no significa la obligación de
negociar de otro”, afirmó categórico.
Thouvenin, asimismo, aseguró que
“Chile no ha dado la espalda a sus vecinos”, no obstante, recalcó que
cualquier intercambio de notas no podría elevarse a la categoría de un
tratado, refutando la teoría boliviana sobre la correspondencia
diplomática de 1950. Así, dio una serie de ejemplos de declaraciones de
gobiernos y/o jefes de Estado sobre un tema en específico que no
constituyen obligaciones jurídicas. Esto mismo, afirmó, se da en el caso
Bolivia-Chile.
No hay
obligación jurídica
Luego
fue el turno de la abogada australiana Kate Parlett, quien revisó en
citas completas los textos de correspondencia posterior al Tratado de
1904, remarcando que a principios del siglo XX nunca se habló de la idea
de un trato inconcluso.
Así, dio como ejemplo el parafraseo boliviano a
declaraciones del ex Presidente Arturo Alessandri Palma, “donde dijo
que consideraría las aspiraciones de Bolivia, pero también que Chile no
tenía ningún compromiso con Bolivia”. Posteriormente, indicó que “Chile
no creó ni confirmó ninguna obligación jurídica de negociar”.
Finalmente,
el británico Sam Wordsworth continuó con la revisión histórica de las
notas intercambiadas entre ambos países, centrándose en que tanto el
lenguaje como el contexto no permiten que se interprete una obligación
perpetua a negociar, sino que sólo hubo una “disposición política” de Chile.