La Superintendencia de Educación Superior dio a conocer los
resultados del plan de fiscalización que realizó a 45 instituciones,
respecto a la entrega del servicio educativo durante la pandemia, tras
el cambio que significó pasar del modo presencial al remoto. Según el
organismo, un 78% de los planteles cumple los mínimos exigidos, mientras
que 10 instituciones no los alcanzaron.
La inspección contempló a 15 universidades, 15 institutos
profesionales y 15 centros de formación técnica, organismos que fueron
seleccionados según el cumplimiento de ciertos criterios fijados por la
entidad fiscalizadora.
Éstos se componían de un 20% en el envío oportuno de información,
respecto de las medidas implementadas para dar continuidad al servicio
académico durante la pandemia. Mientras que el 80% restante se determinó
sobre la gestión de las instituciones para resolver los conflictos
internos, considerando los reclamos y denuncias realizadas ante el
propio organismo, como también el Servicio Nacional del Consumidor.
De las 45 instituciones fiscalizadas, 35 lograron superar el mínimo
establecido en el plan de la superintendencia, los que representan un
78% de los planteles analizados. Todos ellos implementaron medidas en el
ámbito de la gestión académica y administrativa, para el tránsito de
las clases presenciales a una modalidad a distancia.
Cifras que fueron valoradas por el superintendente de Educación
Superior, Jorge Avilés, asegurando que los planteles que superaron este
mínimo estarían entregando una calidad equivalente a la que se impartía
antes de la pandemia.
En
tanto, otras 10 instituciones -que no fueron especificadas en el
informe- no lograron superar el mínimo establecido por la
superintendencia de Educación Superior, es decir un 22,2% de los
planteles fiscalizados, afectando a 8 mil 20 estudiantes.
En cuanto a las 10 instituciones que no alcanzaron a cumplir con el
piso mínimo exigido, 5 de ellas –3 CFT y 2 IP- se encuentran en el rango
entre un 50% y un 80% de logro, por lo que deberán adoptar medidas en
el corto plazo para superar las brechas de incumplimiento.
En el caso de las 5 instituciones restantes –3 CFT y 2 IP- al no
acreditar al menos un 50% de las dimensiones establecidas, se les
aplicará un procedimiento sancionatorio, el cual podría terminar en
multas de 10 mil UTM, poco más de 500 millones de pesos.
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