Concejalas
de la comuna de Santiago pidieron a la Contraloría General de la
República un pronunciamiento de legalidad sobre la ordenanza contra los
ruidos molestos en la vía pública durante las 24 horas del día, porque,
sostienen, atenta contra el derecho constitucional a manifestarse.
La
normativa sanciona, por ejemplo, a quienes realicen voceos, que es el
punto que cuestionan las ediles.
“No
estamos en contra de la ordenanza de ruidos molestos, estamos en contra
de un solo punto que a nuestro juicio es antidemocrático e
inconstitucional.
En dicho punto se señala que se ‘prohíbe expresamente
el voceo a viva voz en espacios públicos’ que por cierto como actividad
ruidosa ‘podrá ser denunciado y sancionado sin necesidad de prueba de
medición sonométrica’ lo cual se castiga con una multa que va entre las 3
y 5 UTM, según la presente ordenanza”, dijo a Emol la concejal Natalia
Contreras (RD).
“Consideramos que este punto atenta contra el derecho
fundamental consagrado en el artículo 19 de nuestra Constitución que
resguarda el derecho a la libre expresión y a reunirse pacíficamente sin
previo aviso. Es por eso que hemos solicitado a Contraloría que se
pronuncie respecto a la legalidad de la ordenanza aprobada por el
concejo municipal el 22 de agosto”, añadió. El recurso ante la
Contraloría está firmado por Contreras, Rosario Carvajal (Independiente –
FA) e Irací Hassler (PC).
Por
su parte, el alcalde Felipe Alessandri (RN) salió a defender la
ordenanza que enfrenta los primeros cuestionamientos. “Lo que buscamos
es darle una herramienta eficaz a la municipalidad, a través de nuestra
unidad de control acústico, para poder fiscalizar en debida forma”,
dijo.
El jefe comunal añadió: “Vivir en comunidad conlleva ciertas
exigencias y restricciones, si queremos vivir armoniosamente debemos
respetar al otro (…) si no molesta a nadie, ciertamente que no será
fiscalizado”. “Nosotros queremos tener una herramienta eficaz para dar
respuesta efectiva a nuestros vecinos”, señaló.