La Contraloría General de la República detectó que 315 funcionarios o servidores públicos mantienen condenas vigentes por crimen o simple delito mientras continúan trabajando en el Estado, incumpliendo la prohibición expresa establecida en el artículo 54 letra c) de la Ley N° 18.575.
El hallazgo consta en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 29, elaborado tras cruzar las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), el Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper).
Según el informe, las 315 personas están asociadas a 317 registros de condena, ya que dos funcionarios acumulan más de una sentencia. Del total de casos detectados, 166 desempeñan funciones en el gobierno central y 149 trabajan en el gobierno local.
Instituciones con mayor cantidad de casos
El reporte de la Contraloría desglosó las entidades que concentran el mayor número de servidores con sentencias vigentes:
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Carabineros de Chile: 84 funcionarios.
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Ejército de Chile: 22 funcionarios.
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Armada de Chile: 8 funcionarios.
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Municipalidad de Valdivia: 6 funcionarios.
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Fuerza Aérea de Chile: 5 funcionarios.
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Municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt: 4 funcionarios cada una.
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Municipalidad de Tocopilla: 3 funcionarios.
En cuanto a la gravedad de las sentencias, 73 personas registran condenas por crímenes y 244 por simples delitos. Además, 41 condenas —equivalentes al 13% del universo analizado— corresponden a crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, tipificados en el Título V del Libro II del Código Penal.
Instrucciones a los servicios involucrados
Ante estas irregularidades, el órgano contralor ordenó a las instituciones involucradas iniciar las investigaciones correspondientes y determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión en informar las sentencias al jefe de servicio y en activar el procedimiento de inhabilidad sobreviniente para ejercer cargos públicos.
Los organismos deberán informar también si estas condenas fueron oportunamente evaluadas y ponderadas en los procesos de calificaciones internas, conforme a los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.