Contraloría detecta graves fallas en sistema del Registro Civil que retrasaron entrega de documentos

Un lapidario informe de la CGR detectó que el 17% de los documentos se entregaron fuera de plazo, con casos de recién nacidos con “profesión” y pagos de $2.478 millones por servicios no prestados. El organismo ordenó sumarios y multas por más de $3.300 millones contra la empresa a cargo.

Lo que prometía ser la modernización definitiva de la identidad en Chile terminó en un colapso operativo y financiero. La Contraloría General de la República (CGR) evacuó el Informe Final N.° 264/2025, donde detalla las graves deficiencias del Nuevo Sistema de Identificación (NSI) del Registro Civil, implementado en noviembre de 2024.

El documento revela fallas que rozan lo surrealista: el sistema emitió cédulas de identidad con información errónea, incluyendo recién nacidos que figuraban con profesiones y adultos con datos laborales equivocados o abreviaciones ininteligibles.

Cifras de un sistema colapsado
La fiscalización pone cifras al malestar ciudadano vivido entre diciembre de 2024 y marzo de 2025:

  • Retrasos masivos: De 1,2 millones de solicitudes, 168.411 documentos se entregaron fuera de plazo (un 17% del total). Las demoras llegaron a los 89 días hábiles.

  • Solicitudes pendientes: Se detectó una acumulación de 218 mil cédulas y pasaportes sin entregar, algunos con hasta 133 días de retraso.

  • Mesa de ayuda colapsada: Los propios funcionarios ingresaron más de 41 mil requerimientos de soporte ante la inoperatividad de la plataforma.

Irregularidades financieras y multas
El informe de Contraloría es especialmente duro respecto a la gestión de recursos. Se detectó que el sistema no estaba integrado con Transbank, dejando inútiles los dispositivos de pago (PINPAD) y forzando contrataciones de emergencia.

Lo más grave es el hallazgo de un gasto de $2.478 millones por servicios no prestados: el Servicio pagó por 1.270 estaciones de trabajo, de las cuales 436 jamás fueron habilitadas.

Acciones legales y sanciones
Ante el evidente incumplimiento contractual, la CGR ordenó:

  1. Multas millonarias: Aplicar sanciones por más de $3.393 millones a la empresa proveedora.

  2. Juicio de cuentas: De no cobrarse estas multas, Contraloría iniciará el reparo de las sumas para recuperar los fondos públicos.

  3. Sumario administrativo: Se instruyó un proceso disciplinario interno en el Registro Civil para determinar las responsabilidades de los directivos y funcionarios en este fallido proceso de implementación.

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