La
primera sala de la Corte Suprema declaró admisible el recurso de
casación presentado el abogado representante de comunidades mapuches,
Jaime Moraga, para impugnar el acuerdo compensatorio de la colusión del
papel.
La
acción judicial fue interpuesta hace más de cuatro meses y apunta a que
el pacto sería discriminatorio con dichas comunidades, dado que no
tendrían acceso a los instrumentos financieros con que los recursos
serán distribuidos y también acusan que el acuerdo no tuvo la debida
publicidad durante su discusión.
Además,
Moraga alegará ante el máximo tribunal del país que los 150 millones de
dólares de reparación son insuficientes, a su juicio, pues un estudio
encargado por la Fiscalía Nacional Económica estimó que el perjuicio de
la colusión de CMPC con SCA (ex PISA) en el mercado del papel tissue
-por más de una década- fue de 448 millones de dólares.
Moraga
basa parte de sus argumentos en el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a consultar a
comunidades indígenas medidas legislativas y administrativas
susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios.
A
juicio del fiscal de CMPC, Rafael Cox, no es procedente recurrir a
dicho convenio, pues éste apuntaría -principalmente- a decisiones de
políticas públicas. Asimismo, desestimó falta de publicidad en el
proceso.
Sin más, el pago de los 7 mil pesos
de reparación para cada chileno mayor de 18 años será, nuevamente,
postergado. El presidente de Odecu, Stefan Larenas, señaló que el
proceso podría prolongarse hasta cinco meses más. En tanto, el
presidente de Conadecus, Hernán Calderón, defendió el acuerdo y planteó
no hay argumentos para que la Corte Suprema acoja el recurso.
Pese
a las trabas, en marzo de 2017 la CMPC depositó en una cuenta de Banco
Estado los 150 millones de dólares del acuerdo, los que a la fecha
-según detalló la empresa- han devengado $2.000 millones en intereses
netos de impuestos.
Para
dar curso a la distribución de los fondos, no deben quedar recursos
pendientes en la causa, para que el expediente de ésta sea remitido al Décimo Juzgado Civil de Santiago -el tribunal de origen- y así dictar el cúmplase e iniciar el proceso de pago.
En
tanto, no fue posible obtener una versión oficial del Servicio Nacional
del Consumidor, puesto que el director de la entidad, Ernesto Muñoz, se
encuentra de vacaciones.