Crecen reparos por “insuficiente” meta de empleos del Gobierno y “exigencias” de la CUT

La
agenda laboral del Gobierno provoca preocupación en algunos expertos
por una serie de políticas que encarecerían el empleo y dificultarían la
formalización.

Su
meta de 700 mil empleos al término del periodo, además, es vista por
algunos como insuficiente, pues nisiquiera apunta a recuperar lo que
había hasta antes de la pandemia.


Entre
las reformas que lleva adelante el Ejecutivo se encuentra la de
pensiones, que apunta a aumentar en un 6% la cotización adicional, con
un 3% de ese porcentaje a reparto. El alza en la capitalización -si bien
hay consenso que es necesaria- encarecería la contratación; toda vez
que (al menos en principio) vendría por parte del empleador.


La
entrada en vigencia de la ley de 40 horas laborales, que en su primera
etapa disminuye la jornada semanal de 45 a 44 horas semanales -y que
comenzó la semana pasada- también contribuiría a dificultar la
contratación.

Por
otro lado, el alza del sueldo mínimo, que llegará a los $500 mil a
partir de julio, implica un aumento de un 53% con respecto a 2021.


Su
implementación no ha estado exenta de polémica. Esto, considerando que
buena parte de ese aumento será subsidiado por el Estado.

Pero
la preocupación de los economistas no termina ahí. Y es que, durante
los últimos días, se ha comenzado a hablar acerca de un “salario vital”,
que sería de alrededor de $630 mil. La propuesta, instalada en el
debate por la CUT, parece al menos digna de evaluación por parte del
Ejecutivo.


Otra
de las propuestas que ha vuelto al debate durante los últimos días,
está la negociación ramal, que busca establecer mínimos para cada sector
para que, a partir de allí, se eleven los estándares de los beneficios
para los trabajadores. El año pasado el Ejecutivo anunció que estaba
entre sus plantes avanzar en esa línea.


También
llama la atención la intención de la CUT de terminar con los despidos
por necesidad de la empresa. Por otra parte, la preocupación que generan
las políticas impulsadas por el Ejecutivo se apoyan sobre todo en la
informalidad, que llegó a una
preocupante tasa del 28% en el primer trimestre.

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