Pese a cumplir con los requisitos en materia de acreditación y ausencia de lucro para que sus estudiantes sean parte del beneficio, hay universidades que no se van a sumar por tercer año consecutivo al proceso de gratuidad.
Es el caso de la U. Adolfo Ibáñez. “Independientemente de la tramitación de la ley de educación superior, las condiciones iniciales no han cambiado. La gratuidad afecta la independencia económica de la universidad y eso ha sido una realidad en las instituciones que optaron por gratuidad y permanentemente se quejan de que no les llegan los recursos o que son insuficientes, y que por tanto van contra su proyecto educativo”, afirma el rector, Andrés Benítez.
En ese sentido, añade que en la U. Adolfo Ibáñez “sin gratuidad hemos podido tener los mismos alumnos y subir los puntajes, lo que habla de que hay un sector de la población que está apostando a la calidad más que a la gratuidad”.
Argumento similar es el que manifiesta el rector José Antonio Guzmán, de la U. de los Andes, otro de los cuatro planteles que optó continuar fuera del beneficio.
“La gratuidad, tal como está concebida hasta ahora, mantiene abiertas muchas interrogantes y gran incertidumbre acerca de los flujos futuros de financiamiento. Las instituciones que se han adherido al régimen de la glosa presupuestaria han tenido problemas importantes”, dice Guzmán.
La crítica hacia los problemas de financiamiento que se desprendería de la gratuidad es común entre estos planteles, lo que genera un ambiente de incertidumbre debido a los cambios que se han generado en las fórmulas de cálculo de los aranceles.