El martes de la semana pasada el Presidente Gabriel Boric -mediante una cadena nacional al mediodía y desde un cité de la comuna de Independencia- presentó los detalles del Pacto Fiscal.
El Pacto se compone de seis grandes puntos que se formularon tras más de 30 reuniones encabezadas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con diversos gremios, entre ellos las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y los grandes empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y Comercio (CPC).
El Mandatario enfatizó en la necesidad de que se cobren más impuestos para financiar los proyectos sociales que están en su programa de Gobierno. El objetivo sería invertirlos en “salud, educación, vivienda y pensiones”, entre otros.
“Quienes tienen más, pagarán más”, afirmó Boric.
El calendario de implementación de las medidas del Pacto Fiscal considera una primera fase, que será entre agosto y septiembre de este año, y buscará la revisión de los contenidos.
La fase siguiente se desarrollará entre octubre y diciembre de 2023; y entre marzo y mayo del próximo año tendrá lugar la tercera fase de trabajo, que contempla el ingreso al Congreso del proyecto que reforma el impuesto a la renta; así como la tramitación y despacho de los proyectos remanentes pro crecimiento y de reforma al Estado.
Más recursos El Gobierno remarcó que la necesidad del Pacto Fiscal se funda en la existencia de un conjunto de prioridades ciudadanas de gasto público que “están insatisfechas o cubiertas de manera insuficiente”.
Identificó cuatro áreas de “prioridades y urgencias de la ciudadanía” que no pueden ser resueltas en el proceso presupuestario regular: “pensiones, salud, seguridad ciudadana y protección social”.
De acuerdo con los documentos difundidos por el Ejecutivo, entre éstas destaca el financiamiento de la Reforma Previsional, incluyendo el aumento de la PGU a $250.000 mensuales y el costo fiscal del aumento de 6% de cotizaciones de cargo de los empleadores, todo lo cual totaliza algo más de 1,2% del PIB.
“Le siguen transformaciones claves en materia de salud, como el fortalecimiento de la atención en consultorios y la reducción de listas de espera en hospitales, así como el desarrollo de un sistema de cuidados de niñas y niños, personas mayores y en situación de discapacidad”.
Cierra la lista el compromiso de completar el incremento de 1.500 millones de dólares de inversión en seguridad ciudadana, “que abarca el mejoramiento de las condiciones operacionales y eficacia de las policías y de la administración de justicia”.
La propuesta del Gobierno, luego de la serie de reuniones con actores políticos y gremios que derivaron en los lineamientos del Pacto Fiscal, considera aumentos de impuestos focalizados en contribuyentes de altos ingresos.
Para lo anterior se presentará una reforma, que según el calendario ya mencionado, se pondrá sobre la mesa en 2024.