Con
el objetivo de determinar las responsabilidades por los daños a la
salud de la que son víctimas los trabajadores de las empresas instaladas
en el cordón industrial entre Quintero y Puchuncaví, es que, la
agrupación de exfuncionarios de Enami-Codelco, División Ventanas,
presentará una querella criminal por el delito de lesa humanidad ante la
fiscalía.
Según
informó la agrupación, la acción judicial está dirigida a quienes
resulten responsables de los daños que se han provocado a la vida y a la
salud de la población civil producto de la contaminación con sustancias
tóxicas provocada por distintas compañías.
“Esta
querella”, dice el escrito, “no tiene precedente en la historia de la
reforma procesal penal y estará destinada a determinar a los autores,
cómplices y encubridores del daño que se ha cometido por parte de
empresas del Estado a la vida y a la salud de la población” que habita en esa zona.
Según
señalan, la contaminación en la bahía de Quintero y Puchuncaví, ha
provocado enfermedades crónicas y terminales, como cáncer a la vejiga,
piel, pulmón, riñón, estómago, además de enfermedades neurológicas, fibrosis quística, asma.
“Estamos
en presencia de una violación generalizada y sistemática de los
derechos humanos de los habitantes de esta zona por parte de agentes del
Estado que han dañado la salud y la vida de las personas con la más
absoluta impunidad judicial.
Esta inédita acción judicial estará
destinada a investigar las eventuales responsabilidades penales de todas
aquellas autoridades del Estado
que han incurrido en omisiones graves, inexcusables y culposas durante
más de 50 años en el ejercicio de su función pública en cuanto a la
desprotección de la salud y la vida de la población civil”.
El
abogado a cargo de la querella, Raúl Meza, solicitará por este motivo,
que sean citados a declarar en calidad de testigos o imputados, los
expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, el actual Mandatario,
Sebastián Piñera, los ministros de Minería y Medio Ambiente de los
últimos gobiernos, ejecutivos de Enami-Codelco, Enap y otras empresas
del Estado.