Tras una reunión con exministros de Defensa, el actual titular del ramo, Alberto Espina, afirmó este lunes que la filtración de escuchas telefónicas del Ejército serán investigadas por la justicia militar, algo que el mismo secretario de Estado tildó como “delicado”.
Un reportaje de Radio Bío Bío dio cuenta que la
institución intervino los teléfonos de cuatro militares que denunciaron
corrupción al interior de sus filas, cuyas conversaciones fueron
recabadas por la inteligencia militar, transcritas y, presuntamente, liberadas desde la misma dirección a cargo de la materia.
Ante la prensa, el secretario de Estado replicó lo conversado con el
comandante en jefe de la institución, el general Ricardo Martínez, quien
le aseguró que las escuchas recibieron la luz verde de un juez de Corte de Apelaciones, quien solicitó los antecedentes al respecto y declaró que la indagación ameritaba.
“Concordamos de inmediato (con Martínez acerca de la filtración) en que ese hecho debía ser investigado
y que, por lo tanto, y así lo hizo el mismo viernes, remitió toda la
información que disponía al Segundo Juzgado Militar para que haga una
exhaustiva investigación en relación a lo que a nosotros nos parece un
hecho delicado y es que se puedan filtrar antecedentes que dicen
relación con labores de los servicios de inteligencia en nuestro país”,
anunció Espina.
Sumado a ello, señaló que durante la jornada del domingo envió un oficio al Ministerio Público Militar, a través del cual les solicitó que se hicieran parte de tal indagación.
Para llevar adelante tales acciones de inteligencia y contra
inteligencia, Espina indicó que Martínez le aseguró que todas las
acciones que tienen por objeto escuchas telefónicas recibieron la luz
verde de un ministro de un tribunal de alzada, por lo cual no contravinieron lo estipulado por la Ley.
“La Ley de Inteligencia es muy clara en establecer que (…) la vulneración tiene pena de cárcel”, dijo Espina.
“Ustedes comprenderán que el primero que tiene que cumplir la Ley de
Inteligencia es el ministro de Defensa y, por lo tanto, toda información
sobre operaciones de inteligencia y contra inteligencia por expreso
mandato de la Ley cuando se refiere a intercepción se hace con la
autorización de un juez civil ministro de Corte de Apelaciones”, añadió.
Tras ello, recalcó el carácter secreto de tales acciones y reiteró que divulgar información de este tenor “constituye un delito penal grave con pena de cárcel, y eso incluye a todas las autoridades que o participan de esas operaciones o toman conocimiento en virtud de su cargo”.
“Existe por eso mismo en el Parlamento una Comisión de Inteligencia
que es aquella a la que se entrega información cada vez que se
requiera”, agregó el ministro.
“Tengo que cumplir con la Ley, ser un ejemplo. La investigación de los antecedentes que se habrían dado a conocer y que podrían provenir eventualmente desde la Dirección de Inteligencia del Ejército
lo está indagando a petición del Ejército de inmediato el Segundo
Juzgado Militar y quiero señalar que, además, para reforzar nuestra
preocupación sobre esa materia, le he pedido al Ministerio Público
Militar que se haga parte” de la investigación, finalizó.
FUENTE: BIOBIO CHILE