La Presidenta Michelle Bachelet firmó durante esta mañana un proyecto de
ley que busca cárcel para quienes inciten a la violencia física en contra de
una persona o grupo, ya sea por motivos de raza, sexualidad, creencias, género
o nacionalidad.
El proyecto busca agregar un artículo al código penal, que establezca
presidio menor en su grado mínimo (de 60 a 540 días) y multas de entre 30 y 50
UTM, a quienes infrinjan la normativa. Sin embargo, si el delito es cometido por
un funcionario público en razón de su cargo, las penas aumentan de 541 días a 3
años, y 50 UTM de multa.
Las instancias que serán consideradas delito corresponden a
incitaciones realizadas de manera pública o mediante un medio de difusión
masiva.
Este decreto viene a modificar la Ley de Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas, y las hace responsables del delito cuando sean cometidos en
interés de dichas personas jurídicas. Además, se elimina la Ley de Prensa, que
sólo aplicaba multas a quienes publicaran contenido que incitara al odio.