La Contraloría General de la República (CGR) detectó
el desembolso de millonarios recursos por concepto del Bono Covid a
personas que no cumplían los requisitos para el beneficio. Entre los
favorecidos figuran 361 fallecidos y 43 concejales.
De
acuerdo con una auditoría de 100 páginas emanada recientemente desde el
ente fiscalizador, las nóminas estaban a cargo del Ministerio de
Desarrollo Social (MDSF), cartera que a la fecha del anuncio era
presidida por Cristián Monckeberg, y la Superintendencia de Seguridad
Social (Suseso).
El Instituto de Previsión Social (IPS), en tanto, era el encargado de concretar los pagos.
En
total, según el informe -al que accedió la Unidad de Investigación de
BioBioChile– los pagos irregulares se alzan por sobre los 5 mil
millones.
Trabajadores dependientes
“La
pandemia del coronavirus es la amenaza sanitaria más grande que han
debido enfrentar el mundo y Chile en los últimos 100 años. Para
enfrentarla con éxito no basta con la labor del Gobierno. Se requiere
también la colaboración de toda la sociedad y de todas las personas”.
Así
concretaba en marzo de 2020 el presidente Sebastián Piñera la
promulgación del Bono Covid-19. Un beneficio por 50 mil pesos que
beneficiaba a las familias correspondientes al 60% más vulnerable del
país, que no contaran con ingresos por trabajos formales o pensión.
Sin embargo, a casi dos años de la implementación de la medida, el ente fiscalizador dio a conocer sus reparos.
Una
de las primeras conclusiones fue que -pese a que la ley no los
contemplaba- el Gobierno entregó más de 3,3 mil millones de pesos a casi
70 mil empleados que sí tenían un trabajo formal a la hora de recibir
los dineros.
En este caso el listado fue enviado al IPS por el Ministerio de Desarrollo Social.
Otros
1,6 mil millones de pesos fueron repartidos a unos 33 mil trabajadores a
honorarios que registraron boletas ante el SII. Es decir, también
percibían ingresos.
Concejales favorecidos
Dentro de los hallazgos, uno de los más particulares fue el desembolso de unos 2 millones de pesos a concejales.
El listado también fue remitido al IPS por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para concretar los pagos.
En la nómina figuraba un total de 53 ediles, cuyas identidades no fueron reveladas en el informe de la Contraloría.
Según
aclaró el ente fiscalizador en su auditoría, poseer la calidad de
concejal no es por sí sola una limitante para acceder al beneficio; sin
embargo, la ley promulgada por Piñera indica expresamente que las
personas que integren un hogar que pertenezca al 60% más vulnerable de
la población nacional no podrán recibir el beneficio cuando estén
integrados por trabajadores independientes formales.
El pago finalmente se concretó a 43 de ellos.
Beneficiarios muertos
El listado de beneficiarios contempló también personas muertas.
Entre
la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia enviaron al IPS una nómina que incluía a
2.508 fallecidos.
De acuerdo a Contraloría, el bono terminó pagándose a 361 de ellos, por un monto superior a los 22 millones de pesos.
Por
todo ello, el organismo fiscalizador entregó al IPS un plazo de 60 días
hábiles para que acredite fundadamente las acciones “relativas a
anulaciones y cobranzas de los pagos efectuados a personas a las cuales
no procedía el pago del beneficio”.
En
tanto, el Ministerio de Desarrollo Social y la Suseso “deberán tomar
las medidas tendientes a concretar la implementación de mecanismos de
actualización permanentes y oportunos” de las nóminas.
Ello,
“de manera de contar con información que les permita verificar la
existencia de las personas al momento de otorgar los beneficios,
comunicando dichas medidas en el plazo anteriormente citado”.
Explicación desde el ministerio de desarrollo social y familia
En
una declaración enviada a BioBioChile, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social,
explicó que la auditoría llevada a cabo por Contraloría fue realizada en
base a las primeras transferencias entregadas a las familias tras la
llegada de la pandemia al país, es decir, “el Bono Covid-19 entregado en
abril 2020 y los dos primeros pagos del Ingreso Familiar de Emergencia,
realizados en mayo y junio 2020, ante una crisis sin precedentes y cuya
duración era incierta”.
“En
este contexto, los registros de información con los que contábamos
desde el Estado, que son los que junto a la información autorreportada
por los hogares alimentan el cálculo de la Calificación Socioeconómica,
no pudieron reflejar en tiempo real las caídas abruptas en los ingresos
de los hogares e incluso muchos de ellos no habían solicitado la ayuda
del Estado, por lo que no se encontraban presentes en el Registro Social
de Hogares”, añade el escrito.
Junto
con enfatizar que Contraloría ha constatado que en los pagos de estos
beneficios dicha cartera ha actuado apegada a la normativa vigente,
reconocen que pese a trabajar con la mejor información administrativa a
la fecha disponible en el Registro Social de Hogares, “dicha información
tiene rezagos naturales y pudo no reflejar en tiempo real la situación
de las familias ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad, y
con un nivel de fallecimientos mayor a un año normal”.
Por lo mismo, aseguran, es que como
ministerio han impulsado diversos cambios para reducir estos desfases
“y que justamente están en línea con lo mencionado por la Contraloría en
su informe”.
Dentro
de estas medidas implementadas destacan algunas como la disminución del
rezago de la información administrativa utilizada para el cálculo de la
CSE, la inclusión de nuevas fuentes de información administrativa de
ingresos, así como la incorporación de los datos en tiempo real del
registro de inscripción de defunciones del Registro Civil a través del
web service, para disminuir el rezago de la información de
fallecimientos.
A
su vez, detallan que han fortalecido la coordinación con el Instituto
de Previsión Social, organismo que realiza una nueva revisión de los
fallecimientos antes de realizar los pagos