El ministro de Defensa, Alberto Espina, respondió a las críticas de algunos sectores contra la exención de responsabilidad penal
contemplada en el proyecto con que se busca que las Fuerzas Armadas
defiendan la infraestructura crítica del país, sin necesidad de decretar
un Estado de Excepción Constitucional.
En concreto, la iniciativa legal plantea que “se define la exención
de responsabilidad penal aplicable al personal militar que defiende
infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y
cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se
determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente
de la República por decreto supremo expedido por el Ministerio de
Defensa Nacional”.
El proyecto fue duramente criticado por
asociaciones sociales, activistas y defensoras de los derechos humanos,
junto a expertos independientes de varias áreas, quienes mediante una
carta acusaron que el proyecto pretende instalar “un estado de excepción
constitucional velado” representando “un atentado contra la
democracia”.Asimismo, cuestionaron que “el proyecto plantea
circunscribir la exención de responsabilidad a estándar de actuación
regulados en cuerpos administrativos, de manera innecesaria, ya que
nuestro ordenamiento jurídico ya contempla esas situaciones en cuerpos
legales y son los jueces de fondo llamados a pronunciarse sobre ellas”.
En
tanto, calificaron el inciso como “inconstitucional” y afirmaron que
“vulnera disposiciones directamente de la Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH) y jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”.
“En cuanto a su inconstitucionalidad, ésta se configura a partir de
la limitación de derechos fundamentales por medio de un acto
administrativo, o sea, cuando el ejecutivo señala que por medio de
decreto supremo establecerá los parámetros de legitimidad del empleo de
la fuerza militar. Respecto a su inconvencionalidad, se infringen los
artículos 1°, 8° y 25° de la CADH en la medida que se está
obstaculizando el acceso a la justicia a eventuales víctimas de
vulneraciones a derechos humanos por agentes del Estado al consagrar
tamaña regla”, argumentaron.
Al respecto, el secretario de Estado aseguró que “me han extrañado bastante las críticas que se han hecho sobre esa norma, porque dice exactamente lo que dice la ley actual”.
Por ejemplo, “cuando un militar, o un civil es objeto de un ataque o
agresión ilegítima y usa un medio racional y proporcional para
defenderse, tiene todo el derecho para consagrar la legítima defensa”,
planteó el titular de Defensa, recalcando que esto “existe en todas partes del mundo”.
En
cuanto al reglamento específico y detallado, adelantó, está siendo
elaborado para que lo firme el presidente Piñera, debiendo luego pasar
por Contraloría para finalmente publicarse en el Diario Oficial.
Éste contemplará los medios, grados, etapas, decisiones y el
comportamiento que deberán tener las Fuerzas Armadas para certificar que
están actuando bajo el amparo de la ley.
Con motivo de la polémica, Espina aseguró que “las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia (…) tuvieron un comportamiento con estricto apego a la ley,
adicionalmente lo hicieron con responsabilidad, con profesionalismo, y
los casos en que hubo fallecidos, que son 3, que hubo heridos (…), todos
ellos están siendo investigados por la justicia ordinaria y la defensa
de los militares la ha asumido la Defensoría Penal Pública”.
“Frente a una situación de esa gravedad yo creo que las Fuerzas
Armadas actuaron con total responsabilidad”, defendió, asegurando que
éstas “cuentan con el más completo y absoluto respaldo del Gobierno y,
por supuesto, del Presidente de la República”.
Además, reiteró sus cuestionamientos al reporte de Amnistía Internacional,
sosteniendo que el organismo investigador de violaciones a los Derechos
Humanos “acusa a las Fuerzas Armadas de Chile de haber, en forma
premeditada, intencional, haber salido a la calle a matar chilenos, a
matar compatriotas, sin entregar ningún dato, ninguna prueba, ningún
antecedente”.
“Eso es imputarles un delito”, cuestionó, afirmando que esto “es
totalmente contrario a lo que las Fuerzas Armadas hacen, porque las
Fuerzas Armadas en estos momentos están salvando vidas de chilenos en
los cerros, en los incendios que se están produciendo”.
“Que una institución privada haga una imputación calumniosa como esa es inaceptable,
porque ofende gratuitamente a los 88.000 hombres y mujeres que
pertenecen a las Fuerzas Armadas de Chile”, criticó, no adelantando si
se tomarán medidas contra el organismo internacional.
La oposición
también ha planteado sus dudas en torno a este proyecto, principalmente
en el punto que se refiere a la exención de la responsabilidad penal.
El senador del Partido por la Democracia e integrante de la comisión
de Constitución -instancia que deberá revisar el proyecto-, Felipe
Harboe, afirmó que este decreto establece mayores restricciones al uso
de la fuerza.
Opinión distinta a la del senador del Partido
Socialista y también miembro de la comisión de Constitución, Alfonso de
Urresti, quien aseguró que con la iniciativa se disminuye el estándar
del uso de la fuerza.El proyecto será discutido la próxima semana en el Senado.
FUENTE: BIOBIO CHILE