Un histórico cambio en el sistema registral y judicial chileno se concreta con la entrada en vigencia del sistema de jubilación forzosa para auxiliares de la administración de justicia. En virtud del artículo segundo transitorio de la Ley 21.772, un grupo de 35 notarios, conservadores y archiveros del país deberán cesar sus funciones de manera obligatoria al haber alcanzado el límite de 75 años de edad.
Los decretos que formalizan las salidas fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva. La nómina abarca a profesionales con un promedio de edad de 81 años, incluyendo al titular de la 1ª Notaría de Punta Arenas, Onofre Horacio Silva (78 años), quien deja su puesto en la capital de la Región de Magallanes. Para garantizar la continuidad de la atención pública, la normativa contempla la designación inmediata de suplentes interinos en los distintos oficios mientras el Servicio Civil desarrolla los concursos públicos para seleccionar a los titulares definitivos.
Ofensiva judicial y revisión en el Tribunal Constitucional
A la par del inicio de los ceses de funciones, un grupo de cinco auxiliares de la justicia —entre ellos el Conservador de Santiago, Luis Maldonado— inició acciones legales ante la justicia civil invocando la Ley Zamudio, bajo la premisa de que fijar un tope de edad constituye una discriminación arbitraria.
Pese a que la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite requerimientos para evaluar la inaplicabilidad de la norma, hasta el momento no se ha dictado una suspensión provisional sobre las resoluciones administrativas. Con ello, los decretos emitidos por el Ministerio de Justicia se mantienen a firme para la totalidad de los afectados a nivel nacional.