Menos de cuatro de cada diez chilenos aseguran sentirse seguros al caminar solos de noche por sus barrios, una cifra que contrasta fuertemente con las siete de cada diez personas que afirman sentirse a salvo a nivel global. Los datos forman parte del informe titulado “El miedo al delito en Chile”, elaborado y presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El estudio analizó en profundidad las causas y efectos de la inseguridad ciudadana en un país históricamente considerado entre los más tranquilos de la región. De acuerdo con las mediciones, el 73 % de los habitantes en Chile experimenta el temor al delito con una intensidad considerable.
La representante residente del PNUD en el país, Georgiana Braga-Orillard, advirtió sobre la gravedad del diagnóstico: “Los chilenos y las chilenas sienten miedo. Los análisis estadísticos nos muestran que los desórdenes, la gravedad de las situaciones violentas percibidas en el barrio, junto con la percepción de que la delincuencia ha aumentado están entre los predictores más relevantes”.
Pérdida del espacio público y cambios de conducta
El documento establece que el quiebre en la percepción ciudadana se agudizó entre el estallido social de 2019-2020 y la posterior pandemia de Covid-19, periodos tras los cuales la población comenzó a ver el entorno urbano como un espacio amenazante y desconocido.
Este fenómeno ha modificado directamente los hábitos cotidianos: el 62 % de las personas declaró que prefiere evitar salir de noche ante el temor de sufrir un hecho delictual.
“Detrás de esta cifra hay actividades que se dejan de realizar, encuentros que se postergan, espacios públicos que se dejan de cuidar y también una economía impactada”, remarcó Braga-Orillard.
El informe concluye que en la ciudadanía predomina la percepción de que los delitos son ahora más violentos, mientras que las instituciones no logran responder con la debida oportunidad. Ante este panorama, el organismo internacional llamó a estructurar políticas de Estado a largo plazo, con perspectiva de género y que mejoren el acceso equitativo a los recursos de resguardo.