La misma Dipreca también puso en conocimiento de estos antecedentes al
Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo que defiende los intereses
fiscales presentó una querella, contra quienes resulten responsables, por el
delito de malversación de caudales públicos el miércoles último ante el 4°
Juzgado de Garantía de Santiago. Se declaró admisible, señala “El Mercurio”. La
indagatoria, sin embargo, ya estaba en curso. El fiscal José Antonio
Villalobos, quien dirige las pesquisas del caso, había recibido también esta
información directamente de Dipreca y decretado distintas diligencias para
determinar las eventuales responsabilidades penales en estos hechos.