La ex
esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS) estuvo en la palestra el año pasado
por revelarse que su pensión como ex funcionaria de la institución ascendía a
$5.607.000, a pesar de no cumplir con los requisitos para ello. El fallo de los
ministros Mario Rojas, Juan Cristóbal Mera y María Luisa Riesco, estableció el
actuar arbitrario del ente contralor, al ordenar la invalidación de los pagos,
afectando derechos fundamentales de los recurrentes.
Asimismo, tanto Olate como
el resto de los afectados reclamaron que el actuar de la Contraloría General de
La República fue “ilegal, arbitrario y afecta el legítimo ejercicio de derechos
constitucionales”. En este sentido los magistrados encontraron la razón a la ex
esposa del diputado Osvaldo Andrade, al considerar que el organismo
fiscalizador actuó de manera “ilegal al invalidar los decretos de pensiones de
facto, sin recurrir al recurso de nulidad de derecho público, la vía ordinaria
para resolver este tipo de casos”.
La Constitución Política de la República,
en su artículo 98 otorga al Contralor General de la República el ejercicio de
la función de control de legalidad de los actos de la Administración, lo que
ejecuta, entre otros medios, mediante la toma de razón de los decretos y
resoluciones, así como la facultad de representar la ilegalidad de que puedan
adolecer, establecida en los artículos 99 de la Constitución y 10 de la Ley
10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República.