Por varias semanas se ha extendido la crisis por la falta de cupos para matrículas que ha puesto en entredicho al Sistema de Admisión Escolar (SAE) a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc). Este año debutó la plataforma “Anótate en la Lista”, que buscaba facilitar la matrícula de los estudiantes -evitando filas en los establecimientos- a través de una plataforma digital. No obstante, a juicio de padres, apoderados y sostenedores, esto hizo que el sistema de admisión se volviera “más engorroso”.
Si bien en marzo se habló de casi tres mil estudiantes sin matrícula en el país, el Mineduc afirmó que no se trataba de una cifra oficial y que ésta se daría a conocer cuando finalizaran todas las etapas del proceso. El viernes, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia confirmó que son 880 alumnos los que se encuentran en esta situación, con datos hasta el 31 de marzo. A raíz de la crisis, el debate de los expertos incorporó críticas a la Ley de Inclusión Escolar, que entre sus disposiciones, elimina los incentivos para abrir nuevas escuelas, por lo que han pedido que el Gobierno impulse una modificación a la normativa en el Congreso.
Esto, con carácter de “urgente”, para que no existan más alumnos sin matrícula, a un mes de iniciado el año escolar 2024. Pero precisamente la urgencia por dar respuestas a la falta de matrículas ha llevado a que surjan varias consecuencias, todo, en medio de un resurgimiento de casos de violencia escolar que complejizan aún más el escenario. Son varias las protestas y paros en comunidades que reclaman por el deterioro de la infraestructura escolar y otras deficiencias que se arrastran hace años, tal como ocurre en algunos establecimientos de la comuna de Santiago, como en los liceos de Aplicación, Barros Borgoño y Javiera Carrera.
Esto, de paso, ha abierto dudas sobre lo que ocurra cuando la administración se traspase al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago.
En el norte también se han desarrollado movilizaciones, a raíz del suicidio de la profesora de inglés, Khaterine Yoma, quien fue víctima de violencia escolar, según denuncian sus familiares y comunidad docente. Más de 60 establecimientos educacionales de la Región de Antofagasta se han movilizado desde hace tres semanas para exigir “la renuncia de las autoridades responsables”. Además, hay llamados a que las manifestaciones se extiendan y se produzca un paro nacional.
“Servicio premium”
Otra de las críticas en torno a “Anótate en la Lista” apunta a los servicios adicionales que ofrece el creador de la plataforma internacional que contrató el Mineduc, una empresa de software llamada Tether Education (TetherEd) que opera con su explorador de colegios en New Haven, EE.UU.; Colombia, República Dominicana y Chile, y según informa en su página web, pronto sumará Ecuador y Perú.
Según dijo este domingo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en conversación con Estado Nacional de TVN, le solicitó a la subsecretaria de Educación que investigara esta materia, “porque me parece complejo, además no sé qué es lo premium que podrían ofrecer cuando el sistema lo que hace es identificar la oferta y distribuir matrícula. No te genera un cupo nuevo, digamos”. Ante la consulta de si le habrían avisado de algún servicio ‘premium’, Cataldo respondió que “de los antecedentes que yo tengo, no. Y si lo hubiese, de verdad me interesa saber en qué consiste eso premium, porque el sistema lo que hace, insisto, es identificar ofertas, distribuir esas ofertas en quienes están demandando ingresar a una escuela. Entonces, no logro comprender qué sería eso adicional, qué tendría un plan nuevo, porque ¿eso lo va a priorizar? Eso es ilegal. Priorizar a alguien es ilegal”. En el supuesto de que lo que se esté haciendo sea ilegal, dijo que “sin duda que es grave”.
Recintos irregulares
Pero hay otra situación que se conoció esta semana y que ha acrecentado la problemática en torno a la falta de cupos. Y es que ante la complejidad de hallar matrícula, algunos apoderados han recurrido a recintos irregulares, fuera del sistema, para continuar sus enseñanzas, en las cuales se imparten clases particulares sin reconocimiento oficial y ofrecen preparar a los estudiantes para dar exámenes libres, cobrando mensualmente cerca de $180.000.
A raíz de esta situación, la subsecretaria de Educación comentó que la Superintendencia de Educación va a fiscalizar esta situación, ya que “es muy importante resguardar que el servicio educativo se provea en las condiciones que define la institucionalidad y la regulación en Chile”.
(Emol)