Para los magistrados, este grupo “es el colectivo más vulnerable al maltrato y abandono“, tanto desde sus familias como “desde aquellas instituciones que
por mandato legal deben velar por la protección y ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Por ello, reconocieron que se desprende de este panorama en Chile un “nuevo marco de protección integral y garantía de derechos de la infancia“.
Entre los desafíos se encuentra el reconocimiento de los niños en
riesgo social y víctima de maltratos como “parte del escenario social de
Chile en el siglo XXI” por parte de la sociedad chilena y los
representantes políticos.
También la comisión criticó “el pobre desempeño del Estado en su obligación de protección y resguardo de derechos de la infancia”, así como también la “inercia” en esta materia que se ha extendido por décadas.
“Las Juezas y Jueces asociados/as a la Asociación Nacional de
Magistrados hacemos un llamado a modi?car esta situación, convencidos de
que la inversion en politicas preventivas resulta mas e?caz y e?ciente
que la inversión en políticas paliativas, que no hacen más que volver
crónico el problema”, indica el comunicado de la asociación, exigiendo
que el problema ocupe un lugar primordial en las políticas públicas.