Las 16 organizaciones que conforman la Mesa del Sector Público (MSP), bajo la coordinación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entregaron este miércoles su pliego formal de negociación al Gobierno, solicitando un reajuste salarial nominal de 6,3% para los funcionarios del Estado.
El documento fue remitido a los ministerios de Hacienda y de Economía, además de La Moneda, marcando el inicio de la primera negociación de este carácter con la administración del Presidente José Antonio Kast. Dentro de los ejes centrales, las agrupaciones exigen asegurar un alza real no inferior a 2% una vez descontada la inflación, incorporando cláusulas de resguardo frente a variaciones de precios.
“Esta demanda busca proteger el poder adquisitivo y avanzar en una recuperación efectiva de las remuneraciones”, fundamentaron los dirigentes gremiales, enfatizando que los sueldos del aparato público “no son un instrumento de ajuste fiscal”. Como antecedente, durante el período anterior bajo el mandato de Gabriel Boric, el proceso concluyó con un reajuste nominal de 3,4% aplicado en dos fases: un 2% en diciembre de 2025 y un 1,4% en junio de 2026.
Bonos y beneficios económicos
El petitorio establece mejoras focalizadas en los tramos de menores remuneraciones. La propuesta busca elevar a $67.935 el bono mensual de cargo fiscal para trabajadores con una renta bruta igual o menor a $727.582 en jornada completa, beneficio que según la Ley 21.806 se sitúa actualmente en $62.903 para ingresos tope de $673.687.
Asimismo, los gremios plantearon incrementos en los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad, además de las asignaciones por escolaridad y vacaciones. Respecto al bono de término de negociación, la mesa demandó:
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$250.000 para rentas líquidas inferiores a $1.030.474 (en el último acuerdo fue de $150.000).
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$125.000 para remuneraciones que superen dicho corte (frente a los $75.000 pactados anteriormente).
El documento gremial también expresó reparos a la política de restricción fiscal impulsada por el Ejecutivo, advirtiendo su preocupación por la desvinculación de personal, los ajustes presupuestarios y la supresión de programas estatales.