En 2020, el Ministerio de la Mujer contabilizó 43 femicidios
consumados a lo largo del año. De ellos, 16 habían realizado una
denuncia previa por violencia intrafamiliar o agresiones similares. Seis
contaban con medidas cautelares vigentes, como prohibición de
acercamiento.
Algunos de los casos más mediáticos fueron el de la carabinera Norma
Vásquez, joven asesinada por su expareja, quien pertenecía a la misma
institución. O el de Katherine Ayala Ayala, asesinada por su conviviente
solo unos días antes del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
Loreto Franco, jefa de la Unidad en Violencia contra las Mujeres del
Sernameg, cuenta a BioBioChile que “sin duda nos queda mucho trabajo, el
cambio cultural forma parte del desafío que tenemos en el día a día en
nuestro servicio y sobre todo poder llegar a la población más joven para
que este cambio tenga raíces desde los más jóvenes hacia los más
adultos”.
También se refiere a las nuevas medidas que se buscan implementar
este año: pulseras para las mujeres que se encuentran dentro de alguna
dinámica violenta y tobilleras electrónicas para los formalizados por
violencia intrafamiliar.
“Muchas
veces sentimos que siempre falta, que nunca es suficiente. Yo creo que
con estas medidas vamos a dar un paso muy grande con respecto a la
erradicación de la violencia contra la mujer”, manifiesta.
Cuando la denuncia no alcanza
Según cifras recopiladas por BioBioChile, 1 de cada 3 femicidas fue
denunciado por su víctima antes del crimen. Los 16 casos (de un total de
43 oficialmente registrados por el Gobierno) son variados y alcanzaron
diversa notoriedad, pero todos tienen algo en común: todas las afectadas
alertaron que algo les podía pasar. Y les pasó.
Ana Viveros Echeverría, 47 años. El 17 de febrero de
2020 su ex conviviente la asesinó a ella y a su pareja actual, para
luego prender fuego al domicilio donde se encontraban. La víctima había
presentado denuncia en su contra por amenazas y acoso a principios de
enero de ese año, lo que derivó en una prohibición de acercamiento. El
hombre se suicidó luego de cometer los crímenes.
Mariela Fuentes Lucero, 39 años. El 15 de marzo fue
asesinada por su cónyuge con un arma blanca. La víctima tenía 3 hijos
con su agresor, al que años atrás denunció por lesiones de violencia
intrafamiliar. Tras cometer el crimen el sujeto se infringió lesiones y
fue derivado a un centro asistencial.
Marianela Guzmán Ortiz, 49 años. El 13 de abril su
pareja la atacó con un arma de fuego dentro de la vivienda que
compartían. Ya en 2016 la víctima había interpuesto una denuncia en su
contra por violencia intrafamiliar, sin embargo, al momento de los
hechos no había medidas cautelares vigentes. El hombre se suicidó luego
de cometer el crimen.
Yulisa Cerda Aguilera, 22 años. El 27 de abril, su
pareja la asesinó con un arma de fuego luego de que las demás personas
que habitaban el domicilio salieran a dar un paseo. La joven había
presentado tres denuncias por violencia intrafamiliar, lo que se iba a
traducir en dos audiencias que nunca se realizaron, por la pandemia. El
hombre actualmente está preso.
Ruth Gallardo Gutiérrez, 19 años. El 25 de abril la
joven de nacionalidad peruana fue encontrada sin vida en la zona del
Valle de Azapa, en Arica. Tenía heridas cortopunzantes. El autor del
delito habría sido su cónyuge, quien fue detenido. La joven había
interpuesto una denuncia en su contra ese mismo año, en febrero, lo que
derivó en una prohibición de acercamiento que estaba vigente.
Nataly Sepúlveda Oria, 29 años. El 8 de junio la
madre de tres hijos fue asesinada dentro de su hogar en Victoria con un
arma de fuego. El autor del crimen: su ex pareja, quién además tenía
vigente una prohibición de acercamiento. El sujeto fue detenido y
formalizado por el delito de femicidio.
Eliana Urra Colicoy, 48 años. El 14 de junio su ex
pareja se dirigió al domicilio donde vivía la mujer y la atacó con un
cuchillo, proporcionándole heridas graves. La víctima había denunciado
al hombre previamente, quien se encontraba sujeto a las medidas de
abandono del hogar en común y la prohibición de acercarse a Eliana o a
su domicilio. El hombre actualmente está preso.
Norma Vásquez Soto, 20 años. El 22 de agosto
encontraron su cuerpo dentro del maletero de su ex pareja, Gary
Valenzuela, al interior de un motel. La joven carabinera había
denunciado al sujeto el 17 de julio del mismo año. Luego del asesinato
el hombre se dio a la fuga, siendo detenido posteriormente.
Betty del Carmen Torres Villarroel, 46 años. El 9 de
septiembre la mujer fue asesinada a golpes por su ex pareja. La víctima
ya había presentado denuncias por violencia intrafamiliar contra el
agresor, quien tenía la prohibición de acercarse a ella desde el año
anterior. Incluso estuvo en una casa de acogida. El hombre fue detenido.
Julia Mancilla Vargas, 21 años. El 1 de octubre fue
violada y asesinada por su primo de nacionalidad argentina que estaba de
visita. El hecho ocurrió en la misma casa donde estaban sus padres,
quienes al ser ambos sordos no se percataron del hecho a tiempo para
socorrer a su hija. El hombre ya tenía varias denuncias en su contra
por violencia intrafamiliar. Luego de los hechos escapó, pero fue
detenido y formalizado.
Carolina Fuentes Bustos, 42 años. El 5 de octubre su
cuerpo fue encontrado sin vida en la orilla del río Ñuble. La policía
detuvo a un hombre de la misma edad como presunto autor del delito.
Pronto se supo que la mujer conocía a este hombre, quien la habría
extorsionado recientemente con videos privados y a quien además había
denunciado previamente en 2011 por lesiones leves.
Lady Arboleda Riascos, 33 años. El 11 de octubre el
cuerpo de la mujer, de nacionalidad colombiana, fue encontrado sin vida
en la vía pública en Copiapó. Se estableció que había sido atacada por
su conviviente con un arma blanca. La víctima lo denunció en dos
oportunidades durante el año, ambas por lesiones de violencia
intrafamiliar, y había sido derivada a una casa de acogida.
Yenny Ancamilla Collinao, 26 años. El 3 de noviembre
el cónyuge de la víctima la agredió en reiteradas ocasiones con un arma
blanca, propiciándole la muerte en el lugar. Ambos tenían una hija de
10 años en común. La mujer había denunciado al hombre el año anterior,
quien se encontraba con una prohibición de acercamiento vigente. Luego
de los hechos, el agresor se dio a la fuga, siendo detenido
posteriormente.
Tania Bustamante Díaz, 25 años. El 2 de noviembre,
la joven fue asesinada por un arma de fuego. El agresor era su
conviviente, con quien tenía un hijo pequeño. Luego de los hechos el
hombre se pegó un tiro con la misma arma, sin embargo, no sufrió heridas
mayores. Posteriormente acudió donde su vecina, a quién le habría
confesado el delito. La mujer había presentado denuncias por violencia
psicológica.
Katherine Ayala Ayala, 38 años. El 22 de noviembre
la mujer fue asesinada por su conviviente en el domicilio que ambos
compartían. Hace años, en 2013, la víctima lo había denunciado por
lesiones leves en la fiscalía local de Valparaíso.
Ana María Guerra Castañeda, 66 años. El 15 de
diciembre su cónyuge la asesinó golpeándola con un hacha en la parte
posterior de la cabeza, generándole severos traumas craneoencefálicos.
El hecho ocurrió dentro del domicilio que ambos compartían. La víctima
lo había denunciado previamente por violencia intrafamiliar. El hombre
quedó en prisión preventiva.
En los 8 femicidios consumados que van este año, 4 mujeres habían denunciado previamente a su agresor.
El apoyo es fundamental
Si bien no hay una fórmula concreta para evitar que situaciones como
las recién descritas no vuelvan a replicarse, lo claro es que aún en
Chile se está al debe. Por ello, en los últimos años han debido buscarse
soluciones diversas. Algunas estructurales y otras prácticas.
Loreto Franco, jefa de la Unidad en Violencia contra las Mujeres del
Sernameg, explica las medidas que se toman como organismo para
garantizar mayor seguridad a las mujeres que sufren violencia dentro de
sus hogares o en su núcleo cercano.
“Por una parte tenemos los centros de la mujer, donde la persona
puede ingresar y encontrar las intervenciones psico-socio-jurídicas
donde le permiten ingresar en nuestros procesos reparatorios y obtener
su representación judicial. Además de la ayuda social que ellas
requieren en conjunto con sus familias”, indica.
“Cuando tenemos las violencias graves o vitales tenemos centros de
protección, que son nuestras casas de acogida. Ahí pueden ingresar con
sus hijos hasta 14 años. Son dispositivos reservados por supuesto, que
no damos a conocer donde se encuentran por razones obvias para
protegerlas del agresor”, agrega.
Según explica Nuriluz Hermosilla, académica y vocera de la Coordinadora 8M, las redes de apoyo son fundamentales.
“La única forma efectiva de apoyo y seguridad son las comunidades
alertas, generosas, dispuestas a acompañar. Eso que hemos hecho juntas
por tanto tiempo, de cuidarnos, debe ser una práctica generalizada, en
que yo me sienta hermana de todas las vulneradas”, sostiene.
Pulseras y tobilleras
Más allá del apoyo, Sernameg también plantea otras soluciones:
pulseras que permitan a las víctimas alertar en caso de peligro y
tobilleras electrónicas para los acusados de violencia que estén bajo
una orden de alejamiento.
“Lo que van a hacer es dar una mayor protección a la víctima de
manera que si el agresor se acerca a ciertos metros o en definitiva la
mujer advierte que anda cerca de ella podamos activar estas pulseras y tener contacto directo con Carabineros”, cuenta Franco.
Según detalla, entre abril y mayo se espera tener un anuncio oficial
al respecto. “En definitiva, obviamente esto va a permitir generar el
nivel de seguridad que las víctimas necesitan”, asevera.
Sobre el aviso que hizo el presidente Sebastián Piñera el pasado 8 de marzo sobre las tobilleras para formalizados por violencia intrafamiliar, la jefa de la unidad manifestó estar muy expectante al respecto.
“Todas las medidas que se puedan ir tomando, tanto en beneficio de la
víctima como también ejerciendo ciertas medidas restrictivas para los
agresores, son bienvenidas. Muchas veces sentimos que siempre falta, que
nunca es suficiente. Yo creo que con estas medidas vamos a dar un paso
muy grande con respecto a la erradicación de la violencia contra la
mujer”, asegura.
Por contraparte, la vocera de la Coordinadora 8M cree que las
“pulseras de alerta para las mujeres significa nuevamente aplicar
control sobre las víctimas”.
Caso contrario respecto de las tobilleras para victimarios. Sostiene
que podrían llegar a ser útiles, pero con una salvedad: “Surtiría efecto
si quienes las controlaran fueran las propias mujeres y hubiera un
sistema efectivo de alerta”.
Cuando no hay denuncia
Según Sernameg, si bien cada vez hay más mujeres que denuncian, aún
existen muchos casos en que no existe una denuncia formal hacia el
agresor cuando existe una dinámica de violencia en la relación.
Loreto Franco explica que “hay muchas mujeres que no denuncian, ya
sea por miedo, por dependencia económica, por dependencia emocional”.
En ese sentido, hace un llamado a recordar que la violencia es
multifactorial, por lo tanto, insiste en que no es necesario que la
mujer denuncie para poder pedir ayuda en el Sernameg.
“Nosotros no lo pedimos como requisito, porque nosotros también
hacemos un trabajo con las mujeres que viven violencia y a través de
distintos procesos psicoterapéuticos logramos concientizar para que
realicen la denuncia y se active la protección en la parte legal que
también es tan necesaria”, asegura.
Y agrega: “Desde el Servicio se hace un trabajo con nuestras usuarias
de manera que no sientan que por el hecho de no haber realizado una
denuncia no puedan solicitar ayuda.
Nuriluz Hermosilla, en tanto, explica que “además de los acompañamientos necesarios, de la coraza de apoyo feminista, siempre recomendamos denunciar, porque si no cae otra capa de silencio sobre esta situación de alerta machista que nos ha tocado vivir”.
“El cambio debe ser completo, el cambio debe ser cultural y estructural”, sentencia.
BIOBIO CHILE