La secretaria de Estado comparó la situación con abrir una cárcel
completa, calificando como “grave” la masiva liberación.
La ministra reconoció que el poder Ejecutivo no tiene injerencia en
una decisión que le compete a comisiones regionales del Poder Judicial, pero
recalcó que “si bien es una decisión de los jueces, tenemos derecho a conocer
los criterios”.
“De 800 que la piden todos los años, se la otorgaban (la libertad
condicional) a 80. Que ahora pasemos al 93%, llama la atención”, sostuvo.
Asimismo, aprovechó para defender la agenda corta antidelincuencia,
señalando que de haber sido aprobada en el Congreso, esta situación no se
hubiese producido, ya que exige un mayor quórum para otorgar el beneficio de
libertad condicional.