La investigación de El Mercurio, basada en el informe 2026 del Fondo Solidario de Crédito Universitario, pone en jaque a parlamentarios de diversos sectores políticos. La deuda más abultada entre los legisladores la encabeza la bancada oficialista, aunque el fenómeno es transversal.
Los diputados en la lista:
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Claudia Reyes (Republicanos): $38 millones (U. Austral).
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Nathalie Castillo (PC): $27,8 millones (U. de La Serena).
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Héctor Ulloa (Ind.): $18,6 millones (U. Católica de la Ssma. Concepción).
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José Carlos Meza (Republicanos): $17 millones (PUCV).
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Abel Gallardo (Delegado Provincial): $14 millones (U. Católica de Temuco).
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Carolina Tello (FA): $12,9 millones (PUCV).
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Emilia Nuyado (PS): $6,2 millones.
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Sara Concha (PSC) y Francisco Crisóstomo (PS): Deudas menores entre $1,2 y $1,5 millones.
El Ejecutivo bajo la lupa
El Gobierno no se queda atrás. El informe identificó a autoridades regionales y provinciales con saldos pendientes considerables, lo que choca con la política de cobranza que busca implementar el Ministerio de Hacienda.
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Ricardo Figueroa (Delegado Provincial): Registra la deuda más alta del informe con $40 millones (U. de Chile).
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José Bravo (Seremi): $30 millones (U. de La Frontera).
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Katherine López (Delegada Antofagasta): $8,8 millones (U. de Antofagasta).
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Carlos Zirotti (Seremi): $3,2 millones (PUCV).
La ofensiva del Gobierno contra el no pago
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, fue enfático en señalar que el CAE “siempre debió haberse cobrado” y criticó los años en que se llamó a la condonación o al no pago. Según el secretario de Estado, el sistema se basa en que quienes egresan paguen para financiar a las nuevas generaciones, algo que hoy está quebrado.
Las nuevas medidas de cobro:
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Sueldos altos en la mira: El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó a la Tesorería iniciar cobros a deudores del CAE que ganen más de $1,5 millones mensuales.
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Transparencia: El Presidente Kast no descartó que las listas de morosos de autoridades se hagan públicas permanentemente para forzar la regularización.
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Responsabilidad fiscal: El Gobierno busca recuperar fondos “lo más pronto posible”, aclarando que se cobrará a quienes tienen capacidad de pago, dejando la condonación solo para casos de extrema excepción.