Luego de un
acuerdo con la oposición, el Gobierno logró aprobar la ley corta de gratuidad
en la educación superior, sin temor a que diputados dilaten el proceso,
recurriendo al Tribunal Constitucional, como pasó con la glosa presupuestaria.
El Ejecutivo
se vio obligado a agregar una indicación donde plantea que en un plazo máximo
de tres años se implementará la gratuidad en Centros de Formación Técnica e
Institutos Profesionales. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseveró
que esta medida posibilita que el proyecto no fuera inconstitucional.
Reacciones en el oficialismo
De igual
modo, congresistas de la Nueva Mayoría valoraron la aprobación de la gratuidad
y de que exista consenso en su implementación en la educación superior.
La diputada
comunista, Camila Vallejo, emplazó a la derecha por acudir al TC y provocar
-según ella- que 49 mil estudiantes de IP y CFT quedaran fuera del beneficio.