La
oposición ideó una nueva estrategia cuando se declaró inadmisible el
proyecto de la diputada Camila Vallejo (PC) que buscaba nacionalizar las
AFP. En concreto, senadores de oposición liderados por Alejandro
Navarro (PRO) ingresaron un proyecto de reforma constitucional que le
quita al Ejecutivo la exclusividad para proponer cambios en materia de
seguridad social, y que busca eliminar el decreto 3.500 que crea las
AFP, para así nacionalizar los fondos de pensiones.
Hasta
ahora la estrategia ha surtido efecto: es el único proyecto previsional
presentado por parlamentarios que ha logrado iniciar su tramitación, ya
que al ser una reforma constitucional, no es inadmisible. Así, se han
estado realizando audiencias en la Comisión de Constitución del Senado,
donde incluso acudió la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.
Algunas
AFP miran con preocupación el alto respaldo que tiene este tipo de
iniciativas en el Congreso, considerando que hay un precedente que marcó
la votación de admisibilidad del proyecto de Vallejo, donde los que
estuvieron a favor fueron mayoría: recibió 68 votos a favor, 67 en
contra y 11 abstenciones.
De
todas maneras, una reforma constitucional requeriría muchos más votos,
ya que se necesita entre dos tercios y tres quintos, por lo que ven que
no se aprobaría. Lo que sí les preocupa, es el precedente que se estaría
generando para el debate de una eventual nueva Constitución.
Constitucionalistas
Los
abogados constitucionalistas tienen distintas opiniones respecto a esta
iniciativa. Sergio Verdugo, profesor de la UDD, cree que “el proyecto
pretende eludir las normas constitucionales sobre la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República al establecer un nuevo sistema
de pensiones en la propia Constitución. Así, modifica de manera
simultánea el procedimiento legislativo y el sistema de pensiones”.
Agrega
que más allá de que sea “una técnica legislativa inconveniente”, en
caso de ser aprobado, haría que el sistema sea “excesivamente rígido”,
ya que se necesitarían muchos votos para hacer cambios.
Por
su parte, Javier Couso, académico UDP y de la Universidad de Utrecht
(Holanda), dice que es muy difícil ver a nivel mundial que una
Constitución regule el sistema de pensiones. “Las constituciones no son
para eso (…) Es raro, es inapropiado,
pero no se podría decir que es inconstitucional”, detalla. Lo que sí
destaca del proyecto, es que se plantea que el Congreso también pueda
hacer cambios en seguridad social, y que no sea de exclusiva
responsabilidad del Presidente.
El
abogado piensa que lo único que es de dudosa constitucionalidad en este
proyecto, es que se plantea que los fondos que hoy tienen los
afiliados, pasarían a un órgano estatal, para lo cual se “emitirá un
certificado denominado bono de reconocimiento nacional previsional
solidario”. De este modo, cree es debatible si afecta o no el derecho de
propiedad, dependiendo de si ese bono tiene el valor exacto de mercado
que hoy tienen los trabajadores en su cuenta individual.
José
Manuel Díaz de Valdés, académico de la UC y la UDD, apunta a lo mismo:
“Hay un tema que es debatible, que es la posible expropiación de los
fondos, porque si bien el proyecto dice que los fondos siguen siendo de
propiedad de los trabajadores, que no queda claro si es una
expropiación. De todas maneras, me parece poco probable que el TC lo
declare como inconstitucional”, aclara.
Para
la discusión de una nueva Constitución, Díaz de Valdés cree habrá que
revisar las iniciativas exclusivas presidenciales, porque hoy hay muchas
que no deberían ser consideradas como tal, “pero creo que el sistema de
pensiones sí debería mantener esta figura, en la medida que mantengamos
un sistema presidencial de gobierno”.