El requerimiento apunta que la institución está impedida por ley a
entregar los datos, como correos electrónicos y escuchas telefónicas, de
la indagatoria realizada por la Fiscalía Nacional Económica en contra
las papeleras CMPC Tisue y SCA Chile.
“En el evento de estimarse que el Ministerio Público si está
facultado para requerir información a los tribunales de justicia, dicha
competencia en ningún caso le permite forzar al Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia a infringir las disposiciones relativas a la
protección de documentos confidenciales, contenidas en los artículos 22 y
39 (a) del Decreto Ley 211” dice el requerimiento.
La acción se da justo cuando la Corte de Apelaciones de San Miguel
había extendido 24 horas el plazo para que el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia entregara su informe frente al solicitud de
antecedentes del fiscal Cristián Galdames.
De esta manera los procedimientos tanto en el ámbito
administrativo como penal del denominado caso del Papel Confort quedan
suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional resuelva.