Este martes se dio a conocerse que el proceso de retención del 10% de
los fondos previsionales por conceptos de deudas de alimentos,
informando que en total se cautelaron casi 308 mil millones de pesos.
La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien
explicó que entre el 25 de julio y el 31 de agosto, se recibieron un total de 516.777 escritos de retención de fondos,
lo que equivale al 1.828% de un año normal, en el mismo período de
tiempo, decretando un total de 326.000 medidas cautelares, con un
universo de 236.800 posibles deudores.
De acuerdo a las estadísticas presentadas desde la Suprema, el monto
total retenido de los fondos de los supuestos deudores de pensiones
alimentarias es de $307.876.504.313.
Así, Chevesich señaló que “lo obrado por el Poder Judicial constituye una hazaña, pues, la mayor parte de las solicitudes se recibió en los primeros días de entrada en vigencia de la ley”.
Además, la ministra se hizo cargo de los inconvenientes de que
debieron sortear los tribunales en el proceso, argumentando que “todo
proceso digital y masivo genera inconvenientes, los hemos detectado y
aplicado todo nuestro esfuerzo para resolverlos lo más rápido posible;
entre ellos, el congelamiento de los fondos de demandantes o de personas
que no tienen causas de alimentos, lo que lamentamos profundamente y,
como dije, estamos trabajando para solucionarlos”.
Según los antecedentes, se trató de 15.000 casos ya solucionados, lo que representa un 5% del total general.
En la oportunidad también explicó que la retención de fondos –sin
orden judicial– que algunas AFP realizaron en base a un listado enviado
por el Poder Judicial tenía como fin “proteger a las partes demandantes,
en concreto, retardar el pago del 10% a que me refiero; esto es, que no
se efectuara dentro de los primeros 10 días que la ley señalaba, pues a
las personas que en el figuraban los podía afectar una resolución que
dispusiera la retención, por lo tanto, tenía una carácter preventivo. El
Poder Judicial ha hecho todas las gestiones al más alto nivel para
destrabar la situación y entendemos que se ha ido solucionando por las
AFP”, aseguró.
La ministra reveló que los escasos días incluidos en la reforma “puso
una presión extraordinaria al sistema de tramitación en los juzgados de
familia, encargados de dar curso a las solicitudes de retención”.
De las 326.000 causas que tienen medida cautelar vigente,
217.000 (67%) tienen montos retenidos; en 87.000 (27%) no se han
presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4%) no se alcanzó a
retener y en 8.800 (3%), los deudores no tenían fondos en sus cuentas
previsionales.
Así, Chevesich detalló el 4% que no se alcanzó a retener porque
“6.800 solicitudes fueron presentadas por las partes demandantes a
partir del sábado 8 de agosto en adelante; es decir, cerca del
vencimiento de los días hábiles que las AFP tenían para pagar, y como es
de público conocimiento, varias comenzaron a pagar apenas iniciado
dicho plazo; 5.600 son causas en que el pago a los afiliados se efectuó
antes del martes 11 de agosto, que corresponde al octavo día hábil
contado desde que entró en vigencia la ley, y 600 son causas en que el tribunal notificó a las AFP dos o más días antes del pago al afiliado, y este igual se verificó”.
“Se debe recordar que los tribunales no son sólo receptores de las
solicitudes de retención de fondos; pues debieron, como en todas sus
actuaciones, revisar los antecedentes y dictar la respectiva resolución.
Al respecto, se debe informar que el Poder Judicial creó un sistema
para procesar el incremento masivo de solicitudes con todos los recursos
que tenía a su alcance, sin contar con holgura presupuestaria para
hacerlo; y fueron sus equipos humanos los que trabajaron incansablemente
para resolver esta contingencia”, explicó.
Con esto, indica, se refiere a juezas y jueces de los juzgados con
competencia en materias de familia del país, “a las y los funcionarios
de los mismos; a los de los otros tribunales que están prestando
colaboración, reforzando las respectivas dotaciones; y a profesionales
de la Corporación Administrativa del Poder Judicial”, destacó. Por esto,
resaltó que se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario con
participación de todos los estamentos del Poder Judicial para proponer
las propuestas de soluciones más adecuadas a cada hito del proceso.
“Lamentablemente, los legisladores no consideraron el efecto que la
reforma constitucional generaría en el Poder Judicial; esto es, el
explosivo aumento de solicitudes que debía tramitar, para lo que,
además, debía establecer comunicaciones expeditas con las otras
instituciones involucradas, para, así, dar una respuesta oportuna y
eficaz a todos los interesados en el proceso. Aun así, nuestra función
se cumplió exitosamente. Estamos satisfechos y tranquilos de lo que se
realizó”, aseguró.
Además, señaló que lamentaron los errores que se produjeron, dado el volumen de las solicitudes y que siguen trabajando para superarlos con la premura que amerita cada caso.
La ministra de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich explicó que los
juzgados de Familia del país están avanzando en la elaboración de
cientos de miles de liquidaciones de deudas por concepto de alimentos.
“Los juzgados han sido reforzados con funcionarios expertos, pero
pedimos paciencia, ya que cada liquidación es un trabajo muy delicado
que debe hacerse cumpliendo la normativa y respetando el debido proceso.
El procedimiento es largo y no hay sistemas masivos de tramitación. En
efecto, no sólo es necesario poner la liquidación en conocimiento de la
parte demandada, pues ambas partes pueden objetarla, lo
que significa que puede pasar tiempo antes de que el monto esté
afinado; llegada a esa etapa el tribunal, de oficio, ordenará a la AFP
correspondiente que deposite el monto necesario de los fondos retenidos
para saldar la deuda”, agregó.
Finalmente, la ministra del máximo tribunal reiteró que “la solución
al incumplimiento de las pensiones de alimentos y la cultura de no
respetar los derechos de los NNA sobrepasa con creces las funciones
propias del Poder Judicial, por lo que hacemos un llamado a que todos los agentes estatales con competencias en estas materias se aboquen a proponer avances y correcciones, y estamos absolutamente disponibles para, desde nuestra experiencia, contribuir en todas las instancias para estos efectos”.
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