Luego de que ayer los trabajadores de Fonasa iniciaran un paro de funciones a nivel nacional, la entidad estatal entregó recomendaciones a los usuarios que requieran realizar trámites.
De esta forma, instaron a los beneficiarios a que acudan a los servicios que tienen en línea, en su página web.
Ahí podrán comprar bonos para consultas médicas, afiliarse y obtener certificados. Además, dieron a conocer los diferentes puntos alternativos donde podrán ser atendidos.
En un comunicado emitido la tarde de ayer, las dos principales asociaciones de funcionarios, que reúnen el 90% del total, informaron del inicio de las movilizaciones. Estas podrían extenderse de manera indefinida si no se atienden sus demandas.
Indicaron que su objetivo es lograr que la Dirección de Presupuesto “haga una buena propuesta” a los trabajadores de la entidad, para que así se les brinde la “estabilidad laboral y carrera funcionaria” que requieren.
En la zona de tránsito del Centro de Justicia se realizó una de las diligencias clave en la investigación que instruye la Fiscalía Centro Norte contra el ingeniero comercial Rafael Garay. El profesional estuvo por más de cuatro horas entregando su versión de una supuesta estafa ante el fiscal José Morales.
Garay fue formalizado por ese presunto delito contra 36 víctimas. El monto total de lo apropiado, según las estimaciones del Ministerio Público, estaría cercano a los $ 1.800 millones.
La investigación de Morales apunta a que Garay generaba confianza en las víctimas, aprovechándose de su figuración mediática. Luego, ofrecía los servicios de su empresa financiera Think & Co, en que prometía retornos anuales de 18%.
La indagatoria del persecutor y la Bridec de la PDI revela que Garay recibía el dinero y, contrario a lo que decía, no lo invertía en instrumentos financieros. Por eso, se sospecha de una estafa piramidal.
La declaración de Garay, que se inició a las 15.30, resulta central para el fiscal Morales, pues de esta manera podrá esclarecer cuál es su postura respecto de los hechos que se le imputan. Uno de los elementos clave que iba a preguntar el fiscal tenía relación con el supuesto cáncer cerebral que aquejaría al ingeniero.
Un análisis del sistema de concesiones hospitalarias, aplicado a la realidad de Chile encargó el Ministerio de Salud al Banco Mundial. Así lo informó la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien dijo que la idea es tener un pronunciamiento técnico sobre los beneficios y desventajas del modelo.
“Ya terminamos el marco de referencia para que el Banco Mundial nos estudie y evalúe si efectivamente Chile es un buen país para tener hospitales concesionados. Alguien objetivo, desde fuera, sin sesgo, sin miradas políticas y sin ninguna señal que pueda interferir con las percepciones personales que pudiéramos tener en el país, y que nos dé una respuesta técnica”, dijo Castillo.
La revisión arrojaría resultados durante el segundo semestre de este año e incluirá un análisis de la operación de los recintos concesionados Eloísa Díaz, de La Florida, y El Carmen, de Maipú, además de los tres que se están edificando bajo el mismo modelo: Antofagasta, Salvador Geriátrico y Félix Bulnes. Todo, para obtener “claridad de si vale la pena o no continuar con este método”, añadió Castillo.
El anuncio de la cartera generó inmediatas reacciones. Ello, pues el debate en torno a las concesiones ha marcado la actual administración, que a pocos meses de asumir desechó continuar el sistema que impulsó el gobierno pasado, incluso frenando seis hospitales programados para edificarse bajo ese sistema: Quillota-Petorca, Curicó, Linares, Marga-Marga, Chillán y Sótero del Río.
Actualmente, a tres años del hecho, sólo los dos primeros han iniciado obras, mientras que el resto está en etapa de licitación.
Lo anterior, sumado a las importantes reducciones y retrasos que ha experimentado el plan de inversiones que anunció el gobierno -que comprometió dejar 20 hospitales construidos, 20 en obras y otros 20 en licitación- ha mantenido en tela de juicio la pertinencia y conveniencia de la construcción sectorial, así como las críticas a la suspensión del modelo de concesiones.
“Esto demuestra que el gobierno actuó siempre con sesgo ideológico. Primero rechazó las concesiones rotundamente y hoy, con los problemas que tienen en la construcción de hospitales, se abren a ella, después de haber perdido tres años. Es grave”, dijo el diputado Javier Macaya (UDI).
En tanto, su par DC Víctor Torres planteó que “la política de concesiones hospitalarias permitió contratos abusivos y perjudiciales para el Estado. Creo que no debemos volver a abrir una puerta en ese sentido. No obstante, quizás debiéramos revisar un mecanismo que sólo involucre la construcción de hospitales y excluya su administración”.
Mientras, la diputada independiente Karla Rubilar manifestó que “esta es una forma elegante de reconocer que se equivocaron y están buscando herramientas para cambiar de opinión. La promesa de que los hospitales al ser sacados de concesión serían más rápidos y baratos, fue una mentira. Lamentablemente, no es posible devolver el tiempo y reparar estas decisiones”.
Por su parte, el director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, criticó la oportunidad del anuncio. “Esta evaluación es extemporánea y debieron haberla hecho antes de desechar las concesiones. Es inconsecuente políticamente, porque ya se tomó una decisión y crecieron las listas de espera”.