Los senadores que integran la Comisión de Seguridad Pública presentaron un proyecto de ley que busca establecer como delito y agravante el ocultamiento de la identidad.
La medida, que busca frenar a quienes delinquen de manera
encapuchada, establece cambios a nivel penal y procesal. En la misma se
propone crear una agravante especial al delito de “desórdenes públicos”, aumentando la pena establecida en un grado para quienes actúen a rostro cubierto.
Sumado a lo anterior, se plantean sanciones a encapuchados que agreden a personas, propiedad pública o privada.
En detalle, sería una modificación al artículo 12 del Código Penal,
señalando que obrar con elementos que oculten la identidad del autor de
delito constituirá una agravante a la responsabilidad criminal.
Además, en el proyecto se busca que se permita la detención del infractor en caso de ocurrencia de este delito.
La
iniciativa será evaluada por los senadores Felipe Kast (Evópoli),
Andrés Allamand (RN), Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS) y
Víctor Pérez (UDI).
De acuerdo a datos de Fiscalía, en 2017 hubo 606 carabineros
agredidos físicamente por civiles y sólo 198 personas fueron
formalizadas por los hechos. A su vez, durante 2018 fueron 635 los
carabineros afectados y 177 agresores fueron formalizados.
“Estas cifras nos dejan en evidencia la imposibilidad que tienen las
fuerzas del orden público de identificar a sus atacantes, así como la
carencia de herramientas para facilitar la persecución de aquellos que
se envalentonan con el escudo del anonimato”, señalan los senadores que
impulsan la propuesta.
Palabras a las que agregaron que la medida es “para desincentivar esa
tendencia sin limitar el derecho de reunión ni el de expresión”.
De
acuerdo a legislaciones extranjeras, en países como Alemania e Italia,
el hecho de realizar acciones a rostro cubierto o portar elementos para
ocultar la identidad a las policías, es un delito autónomo.
En Italia, desde el año 2005 la pena por el ocultamiento del rostro
en manifestaciones es sancionado con uno a dos años de cárcel y multas
entre mil y 2 mil euros. Lo anterior se dio en medio de reformas para el
combate del terrorismo, que remplazaron las antiguas penas de entre 1 a
6 meses en prisión y multas cercanas a los 100 euros por estos delitos.
Por otro lado, en España no se castiga el hecho de cubrir el rostro
en manifestaciones públicas. Sin embargo, las policías están autorizadas
a practicar controles de identidad preventivos a encapuchados en medio
de marchas pacíficas.
FUENTE: BIOBIO CHILE