Agregó que “esa decisión, a nuestro juicio, supera a EPV y guarda relación a la voluntad política, ciudadana de Valparaíso que debe expresar el Gobierno nacional”.
En la ocasión, explicó que el mismo contrato de concesión establece un plazo de 30 días, a partir del 30 de diciembre de 2017, para poder dar pie atrás al documento. “El proyecto es ilegal. Cuenta con un permiso de construcción ilegal. Por lo tanto, nuestra administración no va a apoyar ilegalidades de ningún tipo (…) Considero que la EPV y sus ejecutivos, deben ser una de las instituciones que más daño ha generado al erario nacional y el erario de Valparaíso”, sentenció Sharp.
El senador por Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), celebró el llamado de Sharp y comentó que “quisiera que este tipo de temas también fueran consultados a la ciudadanía. No me parece justo que sólo en Vitacura y Santiago se haga una consulta ciudadana para ver el uso de la calle Alonso de Córdova y en Valparaíso no podamos preguntar sobre qué ocurre con los terrenos en el Cerro O’Higgins, con la ley Valparaíso y con el borde costero”.