Hasta
el Congreso de Santiago llegaron los expresidentes de la Corte Suprema,
Sergio Muñoz y Milton Juica, para entregar sus apreciaciones sobre la
acusación constitucional presentada por un grupo de diputados contra los
ministros Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, y
cuyo mérito está siendo revisado por una comisión de parlamentarios.
Lo
anterior luego que los tres miembros de la Sala Penal de la Suprema
otorgaran libertades condicionales a exuniformados condenados por
crímenes de lesa humanidad, causando la molestia de algunos
legisladores, quienes acusaron “notable abandono de deberes”.
A
raíz de esto, Muñoz, quien aún integra la Suprema, expuso algunas
modificaciones realizadas en la Constitución sobre esta materia a lo
largo de los años, sosteniendo que “cualquier ciudadano en el país puede
criticar, objetar, observar y tener un comentario por su libertad de
opinión respecto de las sentencias judiciales, lo que no se puede ni por
el Presidente de la República ni por el Congreso en el ejercicio de sus
funciones, cualquier de ellas sea, determinar el sentido y alcance de
las resoluciones judiciales”.
El abogado también destacó una exigencia
para todos quienes ejercen jurisdicción, incluso en un juicio político “No se puede traer a
consideración otros fallos de los mismos magistrados o contrastarlo con
motivaciones o acusaciones en otros aspectos, para ellos tendrían que
haber sido oídos y entiendo que no lo han sido”.
“Jueces totalmente a fines de la dictadura”
En
tanto, el exintegrante de la Sala Penal, Milton Juica, partió su
exposición aludiendo a la situación en que estaba el país a fines de la
década de los ´80. “La política del Gobierno de esa época era establecer
jueces totalmente a fines de la dictadura, que aseguraran que esta no
iba a tener ninguna dificultad en el tiempo de la democracia o de la
transición, y por lo tanto era muy difícil pensar siquiera en democracia
de que pudiera haber una posibilidad de poder atender las demandas de
la sociedad chilena respecto de la investigación y condena de los
delitos de lesa humanidad”, comentó.
Ante esto, sostuvo: “Eso es
responsabilidad no de esta Corte Suprema, no de este Poder Judicial,
sino de esa Corte Suprema y de ese Poder Judicial”, y cuestionó: “¿Por
qué ahora, cuando ya el Poder Judicial asumió el compromiso de
investigar y reprimir todos los sucesos que ocurrieron en la dictadura
se hace una acusación constitucional y no se hizo cuando correspondía,
cuando estaban todavía vigentes aquellos actores del Poder Judicial que
tanto daño hicieron a nuestra jurisdicción?”.
Y
ya con una defensa más marcada que Muñoz, Juica indicó que en los
últimos tres años, la Sala Penal, a la cual se le “tacha de procurar la
impunidad de delitos de lesa humanidad”, emitió decenas de fallos en
esta materia, los cuales implicaron 344 condenados respecto 318
víctimas.
“Quiero que me digan qué otra institución del Estado chileno
ha hecho algo así. Hemos luchado hasta incluso contra el Consejo de
Defensa del Estado, que postula por la aplicación de los tratados
internacionales respecto de la defensa de los D.D.H.H, pero no postula, por
cuestiones de prescripción, respecto de las indemnizaciones de las
víctimas”, sostuvo.
“Hago presente la injusticia
que representa esta acusación constitucional respecto la situación de
nuestros colegas, la mía propia, porque yo soy partícipe de esto, en
atribuirle un notable abandono de deberes en relación a los D.D.H.H.
cuando son los únicos que se la han jugado en este país para ello, con
resultados positivos”, concluyó.