En
julio y septiembre de 1974, los universitarios y miembros de MIR,
Álvaro Vallejos Villagrán (25 años) y María López Stewart (21 años)
fueron detenidos por agentes de la DINA. A él lo llevaron a los centros
de tortura “Villa Grimaldi”, “Cuatro Álamos” y “Colonia Dignidad”; a
ella, a un recinto clandestino en Ñuñoa.
Hasta la fecha, aún se
desconoce el paradero de ambos. El 6 de agosto pasado, la Segunda Sala
de la Corte Suprema condenó a 22 exuniformados, entre ellos el brigadier
(r) Miguel Krassnoff Martchenko, a penas superiores a los diez años de
presidio como autores del secuestro calificado de la estudiante de
Pedagogía en Historia y Geografía, en el marco de la denominada
“Operación Colombo”.
Mientras
que en el caso del alumno de Medicina el máximo tribunal del país
sentenció por secuestro a cuatro personas, incluidos Krassnoff y un
miembro del extinto enclave alemán. Además, ordenó al Estado de Chile a
pagar una indemnización de $300 millones a la esposa (con quien tuvo un
hijo) y hermana de la víctima.
Estos fueron los primeros fallos dictados
en materia de DD.HH. por la Sala Penal, tras haber otorgado las
libertades condicionales a ex reos de Punta Peuco y Colina 1 que
significaron una acusación constitucional a tres de sus integrantes y
que finalmente fue rechazada el pasado viernes, de madrugada.
Así
también, ambas son parte de los cientos de sentencias emitidas desde
2002 al 24 de agosto de 2018, por casos de violaciones a los derechos
humanos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de
1990.
Según información recopilada por el Poder Judicial, en los últimos
16 años, la Segunda Sala de la Suprema ha dictado 405 sentencias en
materia penal (395) y civil (10). De estas, 31 han sido dictadas durante
2018. La mayoría de los fallos fueron por los delitos de secuestro
calificado (160) y homicidio calificado (98).
Indemnización del daño moral
Durante
su exposición ante la comisión parlamentaria que debía revisar el
mérito de la acusación presentada por un grupo de diputados de la ex NM y
el Frente Amplio, el ex integrante de la Sala, Milton Juica, señaló que
los fallos emitidos en los últimos tres años implicaron a 344
condenados y 318 víctimas.
En
este sentido, la Segunda Sala dictó durante el mismo período 188
sentencias en las que acogieron las demandas de indemnización de
perjuicios interpuestas contra el Estado de Chile. Estas implicaron el
pago de $48.098 millones a las víctimas directas -quienes sufrieron el
delito denunciado -o las indirectas-familiares-.
Si bien las demandas
por indemnización del daño moral causado
suelen verse en instancias civiles, desde 2014 la Corte Suprema decidió
que aquellas ligadas a causas del antiguo sistema fueran vistas en la
Sala Penal, indicaron desde el Poder Judicial. La mayoría de los casos
acogidos fueron por los delitos de secuestro calificado (81) y homicidio
calificado (51).
El monto a pagar más bajo fue de $10 millones, en
demandas por apremios ilegítimos, secuestro simple, homicidio calificado
y errónea identificación de restos. En tanto, el más alto fue de $6.600
millones a distribuir en más de cuarenta víctimas de secuestro simple y
calificado, y homicidio calificado, en el marco de la Caravana de la
Muerte, episodio Copiapó.