“Hago
presente la injusticia que representa esta acusación constitucional
respecto la situación de nuestros colegas, la mía propia, porque yo soy
partícipe de esto, en atribuirle un notable abandono de deberes en
relación a los DD.HH., cuando son los únicos que se la han jugado para
ello”.
De esa forma, el expresidente de la Corte Suprema Milton Juica
concluyó el lunes pasado su presentación ante la comisión de diputados
encargada de revisar el mérito de la acción presentada contra tres
ministros del máximo tribunal, y que será votada esta tarde.
Sin
embargo, la polémica comenzó hace 44 días, cuando el Poder Judicial
comunicó siete fallos de la Segunda Sala Penal que otorgaron el
beneficio de libertad condicional a siete exuniformados, condenados por
crímenes de lesa humanidad. Tras ello, las críticas no se hicieron
esperar.
En
este escenario, un grupo de diputados de oposición acusó
constitucionalmente a los tres supremos que fallaron a favor de las
solicitudes: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama. La
arremetida parlamentaria generó el rechazo de exministros de Interior,
del TC, abogados, académicos y la misma Corte Suprema de Justicia.
“Estamos frente a un problema de autonomía; una situación que
sencillamente dificulta el desarrollo de las instituciones públicas y
entes públicos”, sostuvo su presidente, Haroldo Brito.
Según información
recopilada por el Poder Judicial a la cual Emol tuvo acceso, entre
enero de 2015 y el 28 de agosto de este año, la Suprema revisó 51
solicitudes de libertades condicionales a reos condenados por crímenes
de lesa humanidad, ocurridos en dictadura. Algunas de ellas, realizadas
en más de una oportunidad por el mismo interno. De estas, 24 fueron
finalmente concedidas y 22 rechazadas; mientras que en otras se ordenó
realizar diligencias, como nuevos informes psicológicos y sociales.
En
esa línea, la información entregada señala que en 22 casos donde se
otorgó el beneficio, al menos uno de los ministros acusados falló a
favor de éste, como ocurrió con los siete ex uniformados en cuestión: el
excarabinero Gamaliel Soto Segura, los coroneles (r) Manuel Pérez
Santillán y Moisés Retamal Bustos, los ex oficiales del ejército Hernán
Portillo Aranda, Felipe González Astorga y José Quintanilla Fernández,
además del ex brigadier del Ejército, Emilio de la Mahotiere González.
Este
último, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor en
uno de los episodios de la Caravana de la Muerte, recurrió al máximo
tribunal en tres oportunidades. En cuanto a las solicitudes a las que
finalmente la Sala no accedió, como la del brigadier (r) condenado a más
de 500 años de presidio, Miguel Krassnoff Martchentko, los ministros
acusados fueron parte de la mayoría en 17 oportunidades.
Milton Juica,
en tanto, votó a favor del beneficio en siete oportunidades, mientras
que en otras ocho lo rechazó. Así también, el ministro Künsemüller fue
voto en contra en cuatro resoluciones donde se optó por rechazar la
entrega de la libertad condicional. Además, el informe del Poder
Judicial señala que, en 60 oportunidades, desde 2015 a agosto de este
año, la Corte de Apelaciones de Santiago debió revisar este tipo de
solicitudes: 42 de ellas fueron rechazadas.