La segunda Sala del Tribunal Constitucional acogió a trámite el recurso presentado por la Corte de Apelaciones, en el marco del caso de una profesora que busca retirar sus fondos de pensiones ahorrados en una AFP. La decisión de la instancia -integrada por los ministros María Luisa Brahm (presidenta), Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández- fue acordada de forma unánime este martes.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió enviar un requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional (TC), para que se pronuncie sobre si es “aplicable” el decreto Ley 3.500 que regula el actual sistema de pensiones. El recurso ante el tribunal de alzada fue interpuesto por los abogados de la profesora María Angélica Ojeda, luego que la AFP Cuprum no permitiera a la afiliada retirar todos sus fondos ahorrados. El motivo de la docente es pagar su crédito hipotecario, tras asegurar que pasó de percibir un sueldo de $1,2 millón a una pensión mensual de $185.000. En total, alcanzó a ahorrar $46,5 millones en su cuenta previsional.
Antes de conocerse esta determinación el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, abordó esta temática, señalando que “Como ministro no me corresponde pronunciarme sobre las decisiones que tomen las cortes de justicia y particularmente la Corte de Antofagasta, sólo quiero reafirmar que se han presentado una decena de recursos iguales a este y todos han sido rechazados y declarados inadmisibles”, dijo.
Antes de conocerse esta determinación el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, abordó esta temática, señalando que “Como ministro no me corresponde pronunciarme sobre las decisiones que tomen las cortes de justicia y particularmente la Corte de Antofagasta, sólo quiero reafirmar que se han presentado una decena de recursos iguales a este y todos han sido rechazados y declarados inadmisibles”, dijo.
Monckeberg añadió que “en este caso, la corte decidió antes de rechazarlo, enviarlo al TC, en mi opinión, sostener que es inconstitucional una ley que obliga que esos recursos se usen para pensiones no tiene fundamento, no ha tenido fundamento en el pasado, ni lo tendrá en el futuro, porque precisamente lo que la ley garantiza es que ese ahorro es del trabajador y es para garantizarle una pensión en sus años de vejez”. En ese sentido, el titular del Trabajo enfatizó que “en esto no hay dos opiniones, tanto el Tribunal Constitucional como el ordenamiento jurídico y los tribunales de justicia, han defendido el derecho de propiedad de estos fondos y este derecho de propiedad garantiza que estos recursos se usan para pensiones”.
Por último, criticó la estrategia que ha estado llevando adelante el movimiento No+AFP -que es liderado por Luis Mesina- de llevar este tipo de casos a los tribunales de justicia. “Esto busca más una acción política que una acción legal con fundamento, y no me gusta cuando se usan los tribunales de justicia para presentar posturas cuando en esta materia tenemos que ser serios”, afirmó.
(Emol)
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