“En términos de papel higiénico el Estado había comprado desde 2007 a
la fecha del orden de 41 millones de dólares” [cerca de 28.300 millones de
pesos], afirmó Micco.
Reafirmó la relevancia en torno a determinar en cuánto se vio afectado
el Fisco a raíz de estas graves irregularidades, producto de las cifras que
implica este negocio.
“Es una cantidad importante de recursos, […] al final del día, si
hay una colusión que hace subir los precios tenía un perjuicio para el Estado”,
manifestó.
Ahora es el CDE que deberá determinar el patrimonio fiscal que se
perdió a raíz de estos hechos investigados por la Fiscalía Nacional Económica.
El oficio que envió el subsecretario señala que se solicita “evaluar
el mérito de tales hechos en cuanto su posible impacto en la economía nacional
u algún otro perjuicio en contra del interés fiscal que pudiese surgir del
estudio solicitado”.
“Se requiere poner en conocimiento de esta Subsecretaría el resultado
del análisis encomendado así como las medidas que, en su caso, correspondería
adoptar”, añade el texto.