La disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Falkland Islands -Malvinas para Argentina- suele presentarse como un asunto estrictamente bilateral. Para Chile, sin embargo, nunca lo ha sido completamente. La historia, la geografía y los intereses estratégicos y comerciales de Magallanes hacen que cualquier evolución de esta controversia pueda tener consecuencias para nuestro país.
Las recientes declaraciones del Presidente Javier Milei y el renovado interés argentino por las islas adquieren, por ello, especial importancia para Chile. Más aún cuando se ha anunciado la reanudación de una conexión marítima entre Punta Arenas y Port Stanley, destinada a transportar alimentos, bebidas, materiales, gas y otros productos chilenos hacia las islas.
Esta iniciativa ha provocado críticas en Argentina. Algunos sectores han planteado incluso la posibilidad de que Buenos Aires intente impedir o dificultar el tránsito de la nave chilena una vez que abandone el Estrecho de Magallanes y navegue hacia las Falkland.
Chile debe observar esta situación con serenidad, pero también con firmeza. La libertad de navegación y el respeto al derecho internacional no son cuestiones menores, especialmente en una zona geográfica de enorme importancia estratégica.
Los vínculos entre Magallanes y las islas, además, no son nuevos. Durante décadas existió una importante relación comercial y humana. Punta Arenas fue un centro natural de abastecimiento de las islas y numerosos chilenos han vivido y trabajado allí. Las restricciones argentinas al comercio y al transporte fueron desplazando progresivamente ese intercambio hacia otros lugares, particularmente Montevideo y el Reino Unido.
La eventual recuperación de esta conexión marítima tiene, por tanto, un significado que supera ampliamente el de una operación comercial. Representa la recuperación de un vínculo histórico entre dos territorios australes que la geografía aproxima mucho más de lo que la política ha permitido.
Chile tampoco puede olvidar su propia experiencia con Argentina. En diciembre de 1978 ambos países estuvieron al borde de una guerra por el conflicto del Beagle. La situación llegó a un extremo en que las Fuerzas Armadas argentinas preparaban una operación militar contra Chile. La mediación del Papa Juan Pablo II evitó finalmente el enfrentamiento.
Ese antecedente debería servir para comprender que las declaraciones políticas en torno a cuestiones territoriales pueden adquirir, en determinadas circunstancias, una dimensión estratégica mucho mayor.
Por eso resulta especialmente relevante recordar la posición expresada por seis ex comandantes en jefe de la Armada de Chile respecto de la importancia de los intereses marítimos y estratégicos nacionales en el extremo sur. No se trata de desconocer los derechos que Argentina sostiene sobre las Malvinas, sino de afirmar que Chile tiene intereses propios que deben ser respetados.
En la misma dirección se ha pronunciado Jorge Guzmán, especialista en asuntos internacionales y magallánicos, quien ha advertido sobre las implicancias que estos acontecimientos pueden tener para Chile y para la región. Su análisis recuerda algo elemental: el extremo austral no puede ser observado únicamente desde Buenos Aires o Londres. Punta Arenas también tiene una voz y unos intereses legítimos que defender.
Existe, además, una dimensión humana que suele desaparecer detrás de la disputa diplomática. En las Falkland viven y trabajan chilenos, y existe una comunidad que mantiene vínculos con Magallanes. La relación entre ambos territorios no nació de una coyuntura política reciente. Tiene raíces históricas, económicas y familiares.
Por ello sería un error que Chile abordara este asunto desde una posición puramente ideológica. Chile puede reconocer que Argentina considera las islas parte de su territorio y, al mismo tiempo, sostener que cualquier controversia territorial debe resolverse pacíficamente y conforme al derecho internacional.
Una cosa no obliga a la otra.
También sería un error aceptar que la disputa argentino-británica termine convirtiéndose en una limitación para los intereses legítimos de Chile. Si una nave chilena transporta productos desde Punta Arenas hacia Port Stanley, lo que está en juego no es simplemente una ruta comercial. Está en juego el principio de que un país soberano pueda desarrollar actividades económicas lícitas y navegar por aguas internacionales sin ser sometido a presiones de terceros.
Chile tiene, además, una razón adicional para observar estos acontecimientos con atención. El extremo sur constituye una zona estratégica para el futuro del país: el Estrecho de Magallanes, el Atlántico Sur, la Antártica y las rutas marítimas australes adquirirán probablemente una importancia creciente durante las próximas décadas.
La prudencia chilena no debe confundirse con indiferencia. Tampoco la amistad con Argentina significa renunciar a nuestros propios intereses nacionales.
Chile debe mantener buenas relaciones con Argentina y con el Reino Unido, defender el derecho internacional y evitar involucrarse innecesariamente en una controversia que corresponde resolver a sus protagonistas. Pero, al mismo tiempo, debe dejar claro que sus intereses comerciales, marítimos y estratégicos en Magallanes no están sujetos a veto argentino.
Las Falkland/Malvinas pueden ser, para Argentina y el Reino Unido, una cuestión de soberanía. Para Chile son también una cuestión de geografía, navegación, comercio y seguridad.
Y la historia demuestra que, en el extremo austral, las cuestiones aparentemente lejanas pueden terminar afectando directamente a nuestro país.