Numerosos estudios públicos y encuestas de los últimos años muestran que
la delincuencia es por lejos tras el estallido social, la mayor
preocupación de los chilenos. Si bien, construir un país seguro es labor
de todos, el Estado es el principal garante de la seguridad de los
ciudadanos y debe cumplir esta labor con el mayor celo, pues es la más
importante de sus funciones. En Punta Arenas no hemos encontrado soluciones a esta problemática. Hemos
tenido quema de vehículos en la vía pública, robo de automóviles y
ahora absolutamente incorporado el narcotráfico. La gente está inquieta,
preocupada. Hay temor en la ciudadanía. Por eso es muy valorable que
los alcaldes tomen iniciativas para abordar los problemas relativos a la
delincuencia, sin perder la perspectiva de que estas medidas sólo
pueden entenderse como complementos a la labor policial y al trabajo de
las fiscalías. Cada vez es más común conocer personas que han sido
víctimas de alguna forma de crimen. Hace solo unos días supimos de casos
que ocurren en un populoso sector de la capital regional. Más allá de
las cifras del gobierno de turno, queda la sensación de que el país es
cada día más inseguro y la delincuencia más agresiva. Y se ha instalado
una amarga sensación de impunidad y que cada quien debe arreglárselas
como pueda. Carabineros en los últimos años ha estado ala deriva porque
-incluso-muchas autoridades en ejercicio los denostaron
y les quitaron atribuciones. Sin un rol preponderante de la policía
uniformada será muy difícil volver a vivir en un país seguro.