Chilezuela fue el nombre con que la derecha convirtió un temor político en una imagen y arma de campaña. La palabra sugería que un triunfo de la izquierda conduciría a Chile hacia la inflación, el desempleo, la falta de inversión, la pobreza y, finalmente, la pérdida de las libertades. Era una advertencia electoral más que una caracterización objetiva de la realidad, pero fue muy eficaz porque resumía en un concepto simple el peor futuro imaginable para el país. A seis meses de “gestión” del gobierno de Kast mi intención no es rescatar ni fomentar el concepto de Chilezuela, muy por el contrario, solo busca marcar la ironía de como algunos de los indicadores que la derecha utilizaba para describir ese escenario catastrófico hoy comienzan a aparecer bajo su propia gestión. El desempleo llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio, el Imacec cayó 1,5%, su peor desempeño en más de tres años, la inflación registró en agosto un alza mensual de 0,6%, con una variación anual de 4,1% y las estimaciones de crecimiento para este año ya se ubican por debajo del 1%.
Kast se defiende echándole la culpa a Boric y a la guerra EEUU-Irán. Y claro, las economías tienen rezagos, shocks externos y herencias fiscales, desconocerlo sería poco objetivo, ya que Kast recibió un escenario complejo pero estable, y aun así, como candidato, se comprometió a la solución inmediata: crecimiento vigoroso, inversión y empleo desde el primer día. Si el problema fuera solo heredado, la promesa era falsa. Si la promesa era seria, los resultados actuales son suyos. No se puede sostener ambas cosas a la vez, y eso es lo que hace el oficialismo cuando echa la culpa a Boric para justificar cada dato que antes prometió revertir. A seis meses, la economía está frenada y el mercado laboral debilitado, y esa brecha entre promesa y resultado es enteramente evaluable.
La comparación con el concepto de Chilezuela es entonces inevitable. La derecha construyó el concepto para advertir que una mala conducción económica, sumada a una deriva política peligrosa, podía destruir el futuro del país. Hoy la primera parte de esa advertencia (inflación, desempleo, bajo crecimiento y escasa inversión) se aproxima a la definición, aunque la tendencia ideológica sea distinta.
Lo anterior nos lleva a la segunda parte del concepto de Chilezuela que es todavía más preocupante: avanzar hacia un régimen dictatorial o autoritario. En agosto, el Gobierno ingresó al Senado una reforma constitucional de seguridad que contemplaba un nuevo estado de excepción, aplicable sólo por decisión presidencial y prorrogable hasta 240 días. Algo muy cercano al poder dictatorial. Durante su vigencia, el Ejecutivo podría restringir la libertad personal y de locomoción, los derechos de reunión y asociación, interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes. Por supuesto que el Estado debe actuar con firmeza frente a la existencia del crimen organizado, pero ello no debe ser a costa de las libertades de la gente de bien o envistiendo de dictador sin control al presidente de la república. Muy por el contrario, consiste en preguntar quién controla al que controla, qué juez revisa las medidas, cuánto dura realmente la excepcionalidad y qué impide que una herramienta presentada como extraordinaria se vuelva una forma habitual de gobierno. Por suerte, hasta la derecha se espantó con el proyecto de Kast.
Este escenario no convierte a Chile en Venezuela, ya que el Congreso existe, los tribunales funcionan y la reforma todavía puede ser rechazada o sustancialmente modificada (como al parecer reculará). Pero precisamente por eso el momento exige atención, ya que las instituciones democráticas no se defienden sólo cuando ya han sido destruidas, se deben defender cuando un gobierno propone debilitarlas en nombre de una urgencia de seguridad.
La salida no pasa por caricaturizar el momento. El Ejecutivo debería retirar o rediseñar la reforma de seguridad, sometiendo cualquier estado de excepción a control parlamentario efectivo, revisión judicial y límites temporales estrictos. En paralelo, Chile requiere con urgencia un plan económico verificable, con metas trimestrales de empleo, inversión ejecutada y crecimiento, y no solo anuncios de proyectos que favorecen al 1%.
Chilezuela fue presentada como el futuro que debíamos evitar, pero hoy sirve como pauta de comparación. Los seis meses de gestión de Kast nos muestran la fragilidad de una fórmula que combina malos resultados económicos con la tentación de gobernar sin controles. El peligro no es que Chile se convierta literalmente en Venezuela, sino que, mientras todos discuten la caricatura, irónicamente la gestión de un gobierno de derecha empiece a parecerse a aquello que tanto temía, una economía que pierde oportunidades y un gobernante que quiere concentrar el poder.