Los reclamos contra las isapres han ido en un intenso aumento durante los últimos años,
y la Región de Magallanes y Antártica Chilena no es la excepción. En la
última década las molestias que se hicieron saber eran porque las
entidades pertinentes subieron en promedio hasta un 50% respecto de cada
año anterior. Eso en algo se frenó durante los dos últimos años,
especialmente tras el estallido social, donde isapres y administradoras
de fondos de pensiones fueron fuertemente cuestionadas. Es decir, hay
una sensación de incomodidad, molestia y frustración respecto del
servicio que reciben
el afiliado y su familia. Las quejas apuntan a notables diferencias
entre lo que se le ofreció a un consumidor en su momento y los
beneficios finales que se entregan al momento de la necesidad
específica. Además, se enfatiza en los reclamos inconvenientes en las
cotizaciones que se entregan y además las alzas de los precios de los
planes en que se encuentran. Magallanes ha sido una de las regiones, a
nivel país, que han
experimentado en los últimos años mayores quejas de los usuarios. Más
allá de las soluciones que se puedan entregar, o los procedimientos que
se inventen para poder dar seguimiento a los temas, el punto es que el
sistema no tiene una buena evaluación ciudadana. Existe una mezcla de
rabia e injusticia en quien está afiliado a una isapre. Y ese concepto
ya es negativo en su núcleo. La realidad es que hay disconformidad,
y mientras exista ese manto sobre el funcionamiento del proceso y sus
responsables, claramente los reclamos no van a disminuir y la esperanza
de tener un buen servicio se irá menoscabando más rápido que tarde. Es
hora de que se haga algo al respecto, pero que beneficie a los usuarios y
que no ocurra como en otras iniciativas.