No
solo hechos negativos han sido parte de la pandemia, desde sus inicios
en nuestro país el año 2020 hemos visto cómo el Estado ha enfrentado un
gran desafío para dar soporte y despliegue de recursos para ir en ayuda
de todos los chilenos y chilenas. Bajo esta mirada, el proceso de
modernización del Estado se tornó en un eje primordial y tuvo que
acelerar su incorporación para dar continuidad al servicio de la
comunidad.
En
paralelo, y con el objetivo de mejorar la calidad del empleo público y
que esto se traduzca en un mejor servicio, la Secretaría de
Modernización del Ministerio de Hacienda y el Servicio Civil generaron
una consulta ciudadana con el fin de robustecer la información que se
incorporará en el anteproyecto de modernización del empleo público. Una
participación muy relevante, donde tanto quienes reciben el servicio
como quienes lo otorgan serán parte a través de su opinión.
Los
resultados obtenidos de esta consulta son claros. Con una participación
de más de 58 mil personas, arrojó que una amplia mayoría, 93% de los
funcionarios públicos y 85% de los ciudadanos consultados, cree
necesario mejorar la calidad del empleo público para contar con un mejor
Estado.
De
las 58.385 respuestas, el 58% correspondió a la participación de
funcionarios públicos, y el 42% a personas que no desempeñan funciones
en la administración del Estado. Adicionalmente, se recibieron 33.664
comentarios y aportes sobre las propuestas vía web, las cuales se
sistematizaron y consolidaron y forman parte de un informe disponible en
el sitio www.consultahacienda.cl, mismo sitio en que se hizo la
consulta ciudadana, que se usará como parte de los insumos para la
elaboración de un proyecto de ley.
Además
de la consulta, la instancia participativa -cuya ejecución estuvo a
cargo de la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (Desuc) en conjunto con la Consultora Amable Chile-
incluyó 10 mesas de trabajo con funcionarios públicos y ciudadanos, y
ocho entrevistas con expertos en materia de modernización, entre los que
se cuentan exministros de gobierno, investigadores del ámbito público,
líderes de opinión y personeros de organismos internacionales.
Una
de las iniciativas que generan acuerdo transversal, sobre todo a nivel
de funcionarios, tiene que ver con simplificar, unificar y ordenar las
modalidades contractuales de los funcionarios públicos. Hoy en el Estado
coexisten al menos tres modalidades de empleo distintas: la planta, la
contrata y los honorarios. Estas dos últimas son de carácter transitorio
y no tienen derecho a indemnización en caso de despido. Por otra parte,
un 95% de los participantes apoya la selección por mérito de los
funcionarios públicos en base a sus competencias, a través de concursos
abiertos, competitivos y transparentes.
Las
conclusiones de este proceso participativo nos muestran que una gran
mayoría de las personas (95%) considera necesario establecer el mérito y
la igualdad de oportunidades como requisito fundamental para el ingreso
a la administración pública. Una sentida reforma que ha sido postergada
por décadas, y cuya finalidad es poder ofrecer un mejor servicio
público, con la oportunidad y calidad que exigen los chilenos y
chilenas. Los funcionarios públicos son imprescindibles, son la cara
visible de un Estado que debe ser ágil para resolver los problemas
cotidianos de la ciudadanía de forma eficiente y eficaz.