A
diferencia de lo que ocurre con los Municipios, que detentan autonomía
en la administración de sus finanzas y que, por lo tanto, su presupuesto
es propuesto por el alcalde al Concejo Municipal para su aprobación y
posterior ejecución, sin estar sometidos a la publicación de la Ley de
Presupuestos del Sector Público, los Gobiernos Regionales no cuentan con
dicha autonomía financiera.
Lo
anterior se traduce en que los Gobiernos Regionales están supeditados a
la aprobación de la Ley de Presupuestos de la Nación, la que los
autoriza a efectuar todos sus gastos e inversiones, como también, la que
estima y determina el monto de los ingresos con los cuales pueden
enfrentar la ejecución de su respectivo presupuesto.
Dicha
Ley de Presupuesto es preparada por el Poder Ejecutivo, es decir, por
el nivel central, cuyo proyecto es presentado al Congreso mediante
mensaje del Presidente de la República, para ser sometido a discusión en
ambas cámaras para su aprobación y posterior publicación en el Diario
Oficial, momento a partir del cual es ley de la República y autoriza a
todos los Servicios Públicos, incluido los Gobiernos Regionales, a
efectuar sus correspondientes desembolsos.
La
anotada Ley de Presupuestos, se ordenaba por distintas partidas, que
corresponde al nivel superior de agrupación asignada a la Presidencia de
la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría
General de la República, Ministerio Público, a cada uno de los diversos
Ministerios y a la Partida “Tesoro Público” que contiene la estimación
de ingresos del Fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal.
Históricamente,
el presupuesto de los Gobiernos Regionales se encontraba inscrito
dentro de la Partida 05 -correspondiente al Ministerio del Interior y
Seguridad Pública-, sometido a varias aprobaciones de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo (dependiente de esa Cartera de
Estado), para gestionar sus recursos, junto con una nutrida cantidad de
glosas que imponían restricciones en muchos casos y que determinaban
ciertos procedimientos engorrosos para ejecutar los recursos de los
entes subnacionales.
La
gran novedad de la Ley de Presupuestos para el año 2023, recientemente
aprobada, consiste en que los Gobiernos Regionales han sido
agrupados en la nueva Partida 31, diferente a la del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, reconociendo cierta autonomía con dicho
gesto y otorgando mayores flexibilidades en la ejecución presupuestaria,
toda vez que se redujeron considerablemente la cantidad de glosas y se
simplificó su redacción, para permitir una mayor velocidad en la
tramitación de diversas autorizaciones para realizar los desembolsos
necesarios para el funcionamiento y la inversión regional, sin perder de
vista el necesario control de las finanzas nacionales que ejercen,
tanto la Dirección de Presupuestos como la Contraloría General de la
República.
La
estructura de la Ley de Presupuestos para el año 2023 constituye, sin
duda alguna, un primer y gran importante paso en la anhelada
descentralización fiscal, para hacer
mas eficientes, oportunas y pertinentes las iniciativas de inversión y
de gasto que deben emprender los Gobiernos Regionales para satisfacer
las necesidades públicas de los territorios y sus habitantes.