La
Comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de
Diputados votó hace unos días las indicaciones del proyecto de ley
presentado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
(Subdere) que perfecciona la regulación relativa a la contratación,
prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos
domiciliarios. De esta manera, el proyecto de ley pasó a la sala de la
Cámara Baja.
Esta
iniciativa tiene su origen en 2014, tras una mesa de trabajo entre el
Gobierno y los gremios de recolección de basura, retomada en 2019 y que
busca mejorar la legislación asociada a las condiciones laborales de
estos servicios. En abril de 2020 se firmó un acuerdo con los máximos
representantes de las asociaciones de recolectores de basura, donde se
destacó la labor que realizan diariamente los recolectores, quienes se
han mantenido trabajando con todas sus capacidades durante la crisis
sanitaria.
El proyecto de ley propone modificar las siguientes leyes:
Ley
Número 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde se
introduce una norma que permite a los municipios celebrar convenios con
la Tesorería General de la República para el pago de servicios básicos y
concesionados con cargo al Fondo Común Municipal. Además contempla la
opción para los proveedores de estos servicios de los municipios de
requerir a la Tesorería General de la República el pago de ellos, en
caso de incumplimiento, con cargo al fondo indicado anteriormente.
Ley
N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, donde se introduce una disposición que modifica
la normativa de las licitaciones para la contratación de los servicios
de recolección, de residuos sólidos domiciliarios, por parte de las
municipalidades de la concesión, en lo relativo a la ponderación de los
criterios que deben ser considerados en los procesos de contratación
respectivos.
Entre
otros aspectos, el proyecto de ley busca que las bases de licitación
elaboradas por cada municipio sean sometidas a toma de razón por parte
de la Contraloría General de la República.