Existe una máxima ampliamente difundida en el ámbito de la ciencia política y la gestión pública que señala: “Cuando te encuentres en un hoyo, lo primero que debes hacer es dejar de cavar”. Sin embargo, al analizar la calidad del debate legislativo y las propuestas políticas que se han multiplicado en el último tiempo en Chile, da la impresión de que parte importante de nuestras autoridades han optado por hundir la pala un poco más profundo, albergando la absurda esperanza de que, insistiendo en el error, encontrarán mágicamente la salida.
La profunda desafección ciudadana con la clase política no es un fenómeno fortuito ni un capricho irrazonable de la opinión pública. Es la consecuencia directa de una desconexión sistemática entre las promesas efectistas de corto plazo y sus devastadoras consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Cuando revisamos los proyectos impulsados desde diversos sectores, resulta alarmante observar cómo se insiste en fórmulas que la evidencia empírica, la teoría económica y el más elemental sentido común han desmentido categóricamente.
1. El costo real de las “buenas intenciones” regulatorias:
Las intenciones declaradas de aliviar las cargas financieras de los hogares vulnerables son siempre loables, pero la economía no responde al voluntarismo político. Iniciativas como la prohibición del cobro de intereses sobre intereses o el borrado indiscriminado de los antecedentes comerciales no eliminan el riesgo del crédito: simplemente lo desplazan e incrementan para todo el sistema.
Cuando a las instituciones financieras formales se les impide evaluar correctamente a quién le prestan o se les restringe la capacidad de gestionar el incumplimiento, la respuesta obligada es subir la tasa de interés base para todos los deudores o, lisa y llanamente, cerrar el acceso al crédito formal a las familias de menores ingresos. Paradójicamente, la pretendida “protección” termina expulsando a los sectores más necesitados hacia la informalidad y la usura no regulada.
2. Confundir patrimonio nacional con caja chica
En el extremo opuesto del abanico de propuestas irracionales, encontramos proyectos que sugieren liquidar activos estratégicos del Estado —como Codelco— con la promesa de repartir de manera directa sumas cuantiosas de dinero en efectivo a la población. Esta clase de iniciativas incurre en el mismo error de la familia que decide vender sus herramientas de trabajo para financiar un banquete de fin de semana.
Al igual que lo acontecido con los retiros masivos de fondos previsionales, la inyección desmedida de liquidez sin un aumento real en la productividad nacional genera una ilusión pasajera de prosperidad que termina siendo devorada rápidamente por la inflación. Destruir la capacidad futura del Estado para proveer bienes públicos sostenibles —como salud, infraestructura y seguridad— a cambio de un consumo inmediato es una muestra irresponsable de cortoplacismo.
3. La tentación del voluntarismo ideológico
Por otro lado, persistir en consignas que abogan por desmantelar el sistema de mercado sin ofrecer alternativas viables y probadas constituye un ejercicio de irresponsabilidad intelectual. El desarrollo integral y el bienestar social de las naciones más avanzadas del mundo no se han construido erradicando los mercados ni asfixiando la iniciativa privada, sino haciendo que estos funcionen bajo reglas claras, competencia transparente, regulación eficiente y un Estado moderno y riguroso.
Sustituir la discusión urgente sobre cómo aumentar la productividad, elevar la calidad de la educación y reformar la gestión pública por banderas ideológicas del pasado solo posterga el compromiso de construir soluciones reales para Chile y para regiones estratégicas como Magallanes.