El arribo del imputado ecuatoriano Ronald Eduardo Quiñones Quintero al Complejo Penitenciario de Punta Arenas generó un rechazo transversal en la Región de Magallanes. Procesado en el Biobío por homicidio por encargo y secuestro, el recluso fue derivado a la zona por orden del Juzgado de Garantía de Concepción, decisión que ignoró la oposición técnica de Gendarmería y encendió las alarmas locales.
Frente judicial de los vecinos
Representando a la ciudadanía, el abogado Dagoberto Reinuava interpuso una reposición con apelación subsidiaria ante la Corte Suprema luego de que se declarara inadmisible el recurso de protección presentado por la comunidad. Reinuava cuestionó que el tribunal remitiera la discusión a la causa penal: “Nosotros no somos parte de ese proceso, nunca fuimos oídos y no tenemos ningún recurso ahí. Pedimos no ser excluidos frente a una decisión que afecta directamente a Punta Arenas”.
Alerta por infraestructura y leyes
Desde la experiencia penitenciaria, el exdirector regional de Gendarmería, Dan Toro Arévalo, advirtió que el recinto no reúne las condiciones adecuadas: “La unidad es de alta seguridad, pero no de máxima seguridad. El personal debe abocarse a la población general”. Explicó además que los jueces mantienen la potestad legal de ordenar traslados a cárceles con menor hacinamiento sin previa factibilidad técnica.
Por su parte, el alcalde Claudio Radonich tildó la situación de indignante y frustrante: “Buscamos que estos presos vayan a penales con una seguridad distinta. Hacemos un llamado al Gobierno y al Congreso para ajustar las leyes y evitar estas decisiones”.
Postura del Gobierno regional
En representación del Ejecutivo central, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, rechazó la resolución judicial: “No estábamos de acuerdo con esta decisión tomada por el Poder Judicial pese a los informes técnicos presentados. Aun así, debemos acatar la orden”. En tanto, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, confirmó que el imputado se encuentra bajo un estricto protocolo de aislamiento: “Las condiciones de custodia y el régimen diario están ajustados a la connotación de crimen organizado”.